La crítica situación haitiana hace tiempo que está madura para un cambio. Pero la maduro comienza a pudrirse. La crisis parece no tener fin, y la situación social, política y económica alcanza una gravedad sin precedentes, aún para la habitualmente convulsionada nación caribeña. Ya son cuatro las semanas del último ciclo de intensa conflictividad social, seis las semanas de crisis energética, y el plazo supera el año y medio si consideramos la inestabilidad política y social generalizada.
Tres perspectivas se desprenden de la
situación actual: la posibilidad de una cada vez más improbable
estabilización conservadora con la continuidad presidencial o con un
recambio controlado de figuras; el inicio de una transición política de
ruptura que expresaría la disputa entre los diferentes sectores, clases e
intereses que componen una oposición por demás diversa y
contradictoria; o el fatal desenlace de una guerra civil, conforme los
niveles de violencia social y la represión policial y parapolicial
comienzan a desbocarse.
Las tentativas imposible de estabilizar el país
Los intentos de estabilización
conservadora del país tienen dos grandes promotores. Por un lado el
propio presidente Jovenel Moïse junto con su mentor y ex presidente
Michel Martelly. En un movimiento coordinado, el presidente de la
Asamblea Nacional, Carl Murat Cantave, se posicionó por un diálogo en el
país, poco antes de que el gobierno anuncie la enésima Comisión montada
para facilitar un diálogo rechazado de forma unánime por todos los
sectores de la vida nacional. La Comisión nació muerta, dado que todos y
cada uno de sus miembros son parte del actual o bien del anterior
gobierno: Evans Paul, ex Primer Ministro; Rodolphe Joazil, antiguo
presidente de la Asamblea Nacional; Liné Balthazar, presidente del
partido oficialista, etc.
El sistema político construido tras la caída de la dictadura de Jean-Claude Duvalier, y las décadas prácticamente ininterrumpidas de políticas económicas neoliberales dictadas por el Fondo Monetario Internacional y el Departamento de Estado norteamericano, han tocado fondo.
Por otro lado, la oposición conservadora
aglutinada en la llamada Alternativa Consensual, respondió rápidamente
poniendo en pie un espacio paralelo, llamado Comisión de Apoyo para el
Traspaso del Poder. La misma afirma que sólo negociará las condiciones
de una salida «pronta y ordenada» del actual presidente Jovenel Moïse, y
se propone elegir en su reemplazo a un juez de la Corte de Casación. La
otra figura ejecutiva, que se estima tendrá aún más poder que dicho
juez, sería un Primer Ministro surgido de las filas del Sector
Democrático y Popular, el sector más poderoso y dinámico de la
mencionada Alternativa Consensual. Esta salida implica, virtualmente, un
mero recambio presidencial que dejaría intactos los principales
resortes del sistema económico y político que ha conducido al país hacia
el abismo. Esta la estrategia que ya suscriben algunas naciones
influyentes como Francia y Canadá, las cámaras de comercio nucleadas en
el Foro Económico Privado, y diferentes familias de la oligarquía
tradicional como la que expresa Reginald Boulos, dueño de importantes
cadenas de supermercados y concesionarios de autos.
Una transición de ruptura
Sin embargo, todo parece indicar que las
motivaciones profundas de las protestas que sacuden al país ya han
superado la perspectiva única de forzar la dimisión del presidente, e
incluyen otras reivindicaciones. El sistema político construido tras la
caída de la dictadura de Jean-Claude Duvalier, y las décadas
prácticamente ininterrumpidas de políticas económicas neoliberales
dictadas por el Fondo Monetario Internacional y el Departamento de
Estado norteamericano, han tocado fondo. Las últimas movilizaciones
tuvieron en los diez departamentos del país un notorio carácter
anti-imperialista. Se trató de protestas de rechazo a la injerencia
internacional, dado que los países y los organismos supranacionales
nucleados en el Core Group venían de ratificar su apoyo a Jovenel Moïse.
Por eso diferentes columnas de manifestantes se dirigieron directamente
hacia la sede de la Misión de las Naciones Unidas para la Justicia en
Haití (MINUJUSTH) y a la embajada estadounidense.
El otro gran espacio opositor construido
al calor de la crisis, el Foro Patriótico, propone lo que sus
principales dirigentes llaman una «transición de ruptura». Este espacio
sesionó en la localidad rural de Papaye a fines del pasado agosto, y ha
conformado un Comité de Seguimiento Nacional para ejecutar y monitorear
las principales resoluciones adoptadas. En ese sentido, Camille
Chalmers, economista y uno de los referentes del espacio, destacó la
organización de Comités departamentales para centralizar y potenciar las
movilizaciones, la propuesta de un gobierno de transición formado por
un Consejo de Gobierno de tres miembros en lugar de un presidente, y la
construcción de un órgano de control con representantes de los
departamentos. De esta forma, afirmó Chalmers, «se tendrá la garantía de
una transición controlada por los actores nacionales, y el comienzo de
una reforma profunda del sistema político y económico». Del Foro
Patriótico hacen parte más de 60 organizaciones, entre movimientos
sociales campesinos y urbanos, partidos políticos de izquierda,
sindicatos y centrales sindicales, organizaciones juveniles y de
mujeres, coaliciones democráticas y progresistas, etc.
La represión policial y la guerra de baja intensidad
Lo que sucede en Haití comienza a
asemejarse a una guerra civil de baja intensidad en la que sin embargo
no se enfrentan dos ejércitos, sino un gobierno y la maquinaria estatal
contra la inmensa mayoría de la población. El día de ayer fue asesinado
otro periodista, quien fue encontrado en el baúl de su auto con dos
impactos de bala en la cabeza en la localidad de Bayas. Se trata de
Nehémié Joseph, periodista de Panik FM y corresponsal de Radio Méga en
la región central del país. Joseph había sido ya amenazado por miembros
del partido de gobierno. Sus análisis de la actualidad nacional y su
incisivo trabajo como corresponsal irritaban a las autoridades. Incluso
habían sido organizadas protestas para evitar su nombramiento en la sede
regional de la Oficina Nacional de Seguros de la Vejez (ONA, por su
sigla en francés).
77 personas fueron asesinadas ya en lo que va del año en el contexto de las protestas, la mayoría por represión policial o de grupos irregulares
Según la Red Nacional de Defensa de los
Derechos Humanos de Haití, 77 personas fueron asesinadas ya en lo que va
del año en el contexto de las protestas, la mayoría por represión
policial o de grupos irregulares. Al momento de escribir esta nota, otro
joven acaba de ser asesinado en Saint Marc, en el departamento
Artibonite, por un disparo en la cabeza de la Policía Nacional. Incluso
hay quiénes alertan que de nuevo han comenzado a ser introducidos en el
país mercenarios norteamericanos para operativizar una represión
selectiva en las comunidades y barrios más movilizados. Pese a la
dificultad de confirmar dicha información, cabe destacar que eso mismo
sucedió en febrero de este año, cuando un grupo de ex militares
estadounidenses fueron detenidos en Haití en portación de armas de alto
calibre y tecnología militar de punta.
También el día de ayer, bandas criminales
atacaron un vehículo y secuestraron un autobús que se dirigía hacia
Jérémie, capital de Grand-Anse, dejando un saldo de cuatro heridos. Como
sucedió en octubre y noviembre del año pasado en los momentos de alza
de la movilización, el crimen organizado directamente ligado al poder
político es estimulado para sembrar terror en la población y
obstaculizar el desarrollo de las protestas. Pese al incremento de la
represión escasos organismos internacionales de derechos humanos se han
posicionado sobre la crisis. Los actores locales temen, a su vez, que la
violencia desatada sirva para justificar nuevas intervenciones
internacionales violatorias de la soberanía nacional.
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