Lejos de “restablecer el orden”, la incursión de las fuerzas policíacas federales ha tenido por consecuencia “un grave deterioro de la vigencia de los derechos humanos en Oaxaca y el riesgo de que nuevas y más graves violaciones ocurran en los días y meses siguientes”, advierte un reporte preliminar elaborado organismos no gubernamentales defensores de los derechos humanos.
Como parte de
El documento se centra en las violaciones a derechos fundamentales desde que entró
El descontento encontró concreción en una demanda común: la renuncia del gobernador Ulises Ruiz.
Conforme al reporte, el conflicto creció y Oaxaca en poco tiempo se generó un estado de ingobernabilidad atendido negligentemente por las autoridades estatales y federales.
El 27 de octubre, después de una jornada en la que varias personas murieron en forma violenta, el gobierno federal ordenó el ingreso de
De acuerdo con el discurso oficial, la acción tuvo por objetivo “restablecer el orden, la paz y el Estado de derecho en Oaxaca”.
No obstante, a pocos días de la ocupación de
El informe preliminar advierte que la situación actual de Oaxaca es “extremadamente preocupante”. A la fecha han documentado la detención arbitraria de 106 personas. Más de 30 con graves afectaciones a la integridad física, torturas, tratos inhumanos y degradantes, así como privaciones arbitrarias de la vida que, sumadas a las ocurridas con antelación durante el conflicto, dejan un saldo de 17 personas muertas.
Apunta que a partir de que la seguridad pública de Oaxaca quedó a cargo de
Entre los patrones de violaciones a derechos humanos más generalizados destacan los siguientes:
“Agresiones a cargo de cuerpos parapolicíacos (sic) armados, lo que permite afirmar que en Oaxaca están operando grupos armados de civiles al servicio del gobierno del estado. Los indicios muestran que se trata de grupos conformados por simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que actúan bajo el amparo del Gobernador Ulises Ruiz.
“Las fuerzas federales no han actuado para poner un alto a las acciones de estos grupos, sino que todo apunta a que les han dado protección.”
Subraya que en el asesinato del periodista independiente Bradley Roland Will, quien fue ultimado por un grupo de personas vinculadas al gobierno municipal de Santa Lucía del Camino, quedó plenamente demostrada la responsabilidad de los priistas en el homicidio, documentado por los videos que diversos periodistas y la propia víctima que filmaron los hechos.
De acuerdo con la información recabada, los otros casos se ajustan al mismo patrón: agresiones armadas de grupos de civiles, simpatizantes del gobernador, que atentan contra la vida y la integridad personal no sólo de los miembros del magisterio y de
Precisa que aunque el gobierno federal ha reportado “saldo blanco” y ha rechazado violaciones a los derechos humanos en los diversos operativos que
“Un caso que ejemplifica lo anterior es el del homicidio de José Alberto Bernal, simpatizante de
“Por las circunstancias en que ocurrió el deceso y por el tipo de arma que ocasionó el fallecimiento, es de presumirse que el proyectil debió haber sido disparado directamente al cuerpo de la víctima, lo que implica una actuación dolosa y excesiva por parte de
La muerte de Alberto Jorge López Bernal presenta las mismas características que el homicidio de Alexis Benhumea, ocurrido durante la incursión de esta corporación para dirimir un conflicto socio-político en San Salvador Atenco, Estado de Méxicio, en mayo pasado.
Según el reporte preliminar,
Las ONG han documentado que se configuran verdaderos estados de excepción caracterizados por la tortura y los tratos crueles, inhumanos y/o degradantes sin ninguna tutela judicial. “Aunque algunos de los detenidos han sido liberados, nos preocupa la arbitrariedad y la ilegalidad con que
En los más de los casos, las detenciones se dieron como razzias o fueron motivadas por el aspecto o la ubicación de las víctimas.
Al ocurrir las detenciones,
Después de ser detenidas, las personas permanecieron bajo la responsabilidad de
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