ADN
Ricardo Rocha
Ricardo Rocha
Vale la pena retomar lo dicho por el Presidente de este país el pasado 22 de diciembre durante la cancelación del timbre conmemorativo del 90 aniversario de EL UNIVERSAL: "Los medios representan el espacio para el debate serio de las ideas, para que los diversos sectores de la sociedad expresen sus necesidades, sus demandas, sus propuestas, sus críticas; los mexicanos exigimos una prensa libre, valoramos la crítica que se ejerce en los medios de información; la labor de los medios es fundamental para avanzar en la consolidación de la vida democrática de México; la libertad de expresión, la libertad de prensa, el derecho a disentir, son garantías que reconozco de cada mexicano y que serán verdaderamente respetadas por mi gobierno".
Que así sea. Porque como bien señaló en la misma ceremonia Juan Francisco Ealy Ortiz, Presidente y Director General de EL UNIVERSAL, "valoramos y aquilatamos el significado de vivir en un país de instituciones, sin dejar de sostener que estas mismas instituciones deben estar sujetas a un ejercicio de escrutinio público que les permita seguir siendo soportes eficaces para la nación".
Absolutamente cierto, pero poco aceptado en las alturas del poder presidencial. El anecdotario del menosprecio y los embates desde el gobierno a los medios críticos es inagotable. Son demasiadas las historias de ataques despiadados hacia quienes han osado cuestionar los actos y desnudar las corruptelas de los hombres y mujeres del primer círculo. Las represalias nunca se hacen esperar. Igual cuando se denuncian las complicidades de los cárteles de la droga y la narcocracia.
El propio Felipe Calderón se refirió al tema en el mismo mensaje: "Estoy plenamente consciente de que la violencia contra los periodistas es una realidad que cobra vidas en México y que atenta no sólo contra esta profesión, sino contra la sociedad mexicana: todavía enfrentamos a quienes recurren a medios violentos para intentar acallar las voces que informan, critican, que vierten su opinión libremente".
Seguramente Calderón se refiere a los periodistas muertos y desaparecidos víctimas del crimen organizado. Una realidad tan vergonzante que nos ha ubicado en el primer lugar en este rubro incluso arriba de Colombia en esas estadísticas del oprobio.
Sin embargo, la violencia tiene muchos otros rostros. Como la ejercida desde la Presidencia panista de Vicente Fox. Desde ahí se hostigó sistemáticamente a todos aquellos medios y periodistas que no inclinaron la cabeza al paso de la pareja presidencial y criticaron y denunciaron la ineficiencia, la corrupción y sus abusos de poder. La cantinela foxista de incluir entre sus "logros" el ejercicio de la libertad de expresión no sólo reveló su ignorancia supina en el sentido de que por naturaleza esta libertad se conquista desde abajo y no puede ser otorgada por ningún gobierno. Pero fue también una máscara hipócrita que pretendió ocultar los ataques permanentes que, desde su gabinete, se perpetraron contra los medios incómodos.
Las variantes están a la vista: presiones judiciales para favorecer a grandes consorcios en contra de medios críticos; recomendaciones a concesionarios para inhibir o de plano eliminar a comunicadores que no seguían la línea oficial y una feroz persecución fiscal -con amenaza de cárcel incluida- a empresas informativas y directivos independientes.
Fox y su gobierno emplearon todos los poderosos mecanismos del Estado para amenazar, coaccionar, intimidar y desarticular a todos aquellos que se atrevieron a desafiarlo y denunciarlo. En paralelo, usó selectivamente los recursos de la publicidad oficial para favorecer a sus alcahuetes y "castigar" a sus críticos. Como si se tratase de un patrimonio particular y no de recursos públicos que pertenecen a todos los mexicanos porque salen del pago de nuestros impuestos.
Qué bueno que Felipe Calderón ofrece actuar de modo distinto. Los medios debíamos celebrar que afirme que "el Estado tiene la obligación de actuar con la transparencia que exige un país informado, un país democrático y respetar el derecho que tienen sus ciudadanos a decir lo que piensan y a saber lo que hace su gobierno".
Habrá que recordarle ese compromiso cuantas veces sea necesario.
Que así sea. Porque como bien señaló en la misma ceremonia Juan Francisco Ealy Ortiz, Presidente y Director General de EL UNIVERSAL, "valoramos y aquilatamos el significado de vivir en un país de instituciones, sin dejar de sostener que estas mismas instituciones deben estar sujetas a un ejercicio de escrutinio público que les permita seguir siendo soportes eficaces para la nación".
Absolutamente cierto, pero poco aceptado en las alturas del poder presidencial. El anecdotario del menosprecio y los embates desde el gobierno a los medios críticos es inagotable. Son demasiadas las historias de ataques despiadados hacia quienes han osado cuestionar los actos y desnudar las corruptelas de los hombres y mujeres del primer círculo. Las represalias nunca se hacen esperar. Igual cuando se denuncian las complicidades de los cárteles de la droga y la narcocracia.
El propio Felipe Calderón se refirió al tema en el mismo mensaje: "Estoy plenamente consciente de que la violencia contra los periodistas es una realidad que cobra vidas en México y que atenta no sólo contra esta profesión, sino contra la sociedad mexicana: todavía enfrentamos a quienes recurren a medios violentos para intentar acallar las voces que informan, critican, que vierten su opinión libremente".
Seguramente Calderón se refiere a los periodistas muertos y desaparecidos víctimas del crimen organizado. Una realidad tan vergonzante que nos ha ubicado en el primer lugar en este rubro incluso arriba de Colombia en esas estadísticas del oprobio.
Sin embargo, la violencia tiene muchos otros rostros. Como la ejercida desde la Presidencia panista de Vicente Fox. Desde ahí se hostigó sistemáticamente a todos aquellos medios y periodistas que no inclinaron la cabeza al paso de la pareja presidencial y criticaron y denunciaron la ineficiencia, la corrupción y sus abusos de poder. La cantinela foxista de incluir entre sus "logros" el ejercicio de la libertad de expresión no sólo reveló su ignorancia supina en el sentido de que por naturaleza esta libertad se conquista desde abajo y no puede ser otorgada por ningún gobierno. Pero fue también una máscara hipócrita que pretendió ocultar los ataques permanentes que, desde su gabinete, se perpetraron contra los medios incómodos.
Las variantes están a la vista: presiones judiciales para favorecer a grandes consorcios en contra de medios críticos; recomendaciones a concesionarios para inhibir o de plano eliminar a comunicadores que no seguían la línea oficial y una feroz persecución fiscal -con amenaza de cárcel incluida- a empresas informativas y directivos independientes.
Fox y su gobierno emplearon todos los poderosos mecanismos del Estado para amenazar, coaccionar, intimidar y desarticular a todos aquellos que se atrevieron a desafiarlo y denunciarlo. En paralelo, usó selectivamente los recursos de la publicidad oficial para favorecer a sus alcahuetes y "castigar" a sus críticos. Como si se tratase de un patrimonio particular y no de recursos públicos que pertenecen a todos los mexicanos porque salen del pago de nuestros impuestos.
Qué bueno que Felipe Calderón ofrece actuar de modo distinto. Los medios debíamos celebrar que afirme que "el Estado tiene la obligación de actuar con la transparencia que exige un país informado, un país democrático y respetar el derecho que tienen sus ciudadanos a decir lo que piensan y a saber lo que hace su gobierno".
Habrá que recordarle ese compromiso cuantas veces sea necesario.
ddn_rocha@hotmail.com
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