LOS ACUERDOS DE SAN ANDRES :: entre la palabra traicionada y la autonomía de los pueblos indígenas.

San Andrés Larráinzar es una población básicamente indígena, tzotzil creo, donde el Larráinzar proviene del apellido de algún personaje que destacó como amo de indios en tiempos de La Colonia. Desde diciembre de 1994, los zapatistas crearon en estas tierras un municipio en rebeldía y un Aguascalientes (así les llamaron a los centros de reunión entre el zapatismo armado y el civil que dieron paso a los Caracoles); al segundo le nombraron Oventik y al primero le quitaron el apellido del amo para llamarlo San Andrés Sakamche’n de los Pobres.

Con la creación de la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas el 11 de marzo de 1995 quedaron establecidas las reglas legales para que en abril del mismo año se reiniciara el diálogo entre el EZLN y el gobierno federal.

En reuniones preparatorias a San Andrés se acordaron cuatro mesas de trabajo: Derechos y Cultura Indígena, Democracia y Justicia, Bienestar y Desarrollo y Derechos de la Mujer; además de una quinta mesa relacionada con las medidas de distensión en materia militar. Estos serían los Diálogos de San Andrés.

El 16 febrero de 1996, las delegaciones zapatista y gubernamental firmaron los acuerdos de, nada más, la primera de las mesas de trabajo, que no son otra cosa que pronunciamientos, propuestas y compromisos conjuntos. Estos son los mentados Acuerdos de San Andrés.

San Andrés significó mucho más que una mesa de diálogo para la paz; San Andrés fue un espacio de diálogo sí, pero nacional, entre especialistas, representantes, estudiosos y miembros de los distintos pueblos indígenas de México, y no nada más entre el EZLN y los gobiernos estatal y federal. Las propuestas y el nivel del discurso zapatista fue tal que inclusive algunos de los asesores gubernamentales para el diálogo terminaron sentados del lado zapatista de la mesa.

Los Acuerdos de San Andrés son un punto de partida para garantizar una nueva relación entre los pueblos indígenas, la sociedad y el Estado mexicanos. El propósito central de los Acuerdos es terminar con la situación de subordinación, desigualdad, discriminación, pobreza, explotación y exclusión política de los pueblos indios en México. Para esto se planteó un nuevo marco jurídico que contemplara el reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indios, donde al hablar de pueblos no hablamos sólo de derechos individuales, de las personas (protección de los migrantes, las mujeres, los niños y los ancianos), sino también de los derechos colectivos; es decir, de derechos políticos (reconocimiento a sus propias formas de gobierno y de elección de sus autoridades, así como la ampliación de la representación política de los pueblos indios en instancias como el Congreso de la Unión), jurídicos (legalizar sus sistemas normativos internos, sus formas de impartición de justicia, reparación de faltas y decisión en la resolución de conflictos internos), sociales (reconocimiento de sus formas de organización), económicos (impulso de la producción y del empleo con base en el uso y disfrute de recursos sin detrimento de la soberanía nacional) y culturales (respeto a sus lenguas, su cosmovisión y sus manifestaciones culturales y artísticas, y aseguramiento de la educación y la capacitación aprovechando y respetando sus saberes tradicionales).

Desde los Acuerdos de San Andrés, cinco principios sirven de base para la nueva relación entre el Estado y los pueblos indios mexicanos: pluralismo (que el desarrollo nacional no sea en detrimento de la convivencia pacífica, productiva, respetuosa y equitativa que da el reconocer nuestra composición pluriétnica y multicultural como nación), sustentabilidad (que los proyectos y programas de desarrollo nacional no se realicen a costa de dañar el medio ambiente, es decir, la naturaleza y la cultura), integralidad (que programas y acciones resuelvan problemas de manera conjunta y coordinada entre todas las instituciones y niveles de gobierno de su respectiva competencia, con la participación de los propios pueblos involucrados, y asegurando que el cambio o la toma de las decisiones no responda a intereses sexenales o de regímenes presidenciales diversos), participación (que pueblos y gobierno, juntos, sean sujetos activos en el diseño, la planeación, la ejecución y la evaluación de los programas y los proyectos gubernamentales) y libre determinación (que, en tanto se respeten el interés nacional y público, los distintos niveles de gobierno e instituciones del Estado mexicano no intervengan unilateralmente en los asuntos y decisiones que son competencia de los pueblos y las comunidades indígenas, de sus organizaciones, de sus formas de representación y de sus estrategias vigentes de aprovechamiento de los recursos naturales y humanos).

Todo esto se firmó lo mismo por la delegación zapatista como por la delegación gubernamental; de ello fueron testigos asesores de ambos lados, integrantes de la Conai y miembros de la Cocopa, y muchas y muchos que de lejos observábamos con atención.

Iniciaron los trabajos de la segunda mesa, pero la delegación gubernamental no respondía ni a favor ni en contra de las propuestas zapatistas y enfatizaron aún más sus actitudes irrespetuosas para con la delegación del EZLN. El estira y afloja llevó a que los legisladores de la Cocopa se autopropusieran para elaborar una propuesta de reformas constitucionales con los acuerdos de la mesa uno. Esta propuesta fue presentada en noviembre del mismo 1996. Cuando los miembros de la Cocopa presentaron al EZLN y al gobierno su proyecto de reformas constitucionales, manifestaron que ésta había sido resultado de su mejor esfuerzo, por lo que sólo aceptarían un “sí” o un “no”, en donde el “no” significaría la disolución de la propia Cocopa. El EZLN hizo una serie de observaciones respecto a acuerdos que firmados no quedaron contenidos en la iniciativa de Cocopa, aun así aceptó la propuesta y saludó el esfuerzo de los legisladores; por su parte, la delegación gubernamental también aceptó en principio la iniciativa y su decisión fue ratificada por el entonces secretario de Gobernación Emilio Chuayffet (¿así se escribe?); fue Zedillo quien solicitó un poco de tiempo para consultar con especialistas jurídicos.

En tanto, la mesa de Democracia y Justicia seguía empantanada debido a la táctica gubernamental del monólogo. Pronto las posiciones se endurecieron y la delegación del gobierno abortó el diálogo tratando de imponer la firma de documentos que aún no se habían acordado y amenazando de que si éstos no eran suscritos por la delegación zapatista se reactivarían las órdenes de aprehensión; mientras, efectivos del Ejército federal se apostaban a las afueras de San Andrés.

Simultáneamente, Zedillo respondió con una contrapropuesta a la iniciativa de Cocopa, misma que envió en dos ocasiones al Congreso por su cuenta poniendo en crisis todo el proceso de paz, cuestionando en su fundamento la posibilidad de una solución rápida y pacífica del conflicto y volviendo a tender las sombras de la guerra sobre los pueblos indios de México.

En marzo de 1999, por convocatoria del EZLN, en casi todos los municipios del país se llevó a cabo una consulta sobre la iniciativa de ley indígena elaborada por la Cocopa y contra la guerra de exterminio. Los Acuerdos de San Andrés volvieron a colocarse en el centro de la discusión política nacional, lo mismo que la necesidad o no de legislar tomando como base dichos acuerdos.

Con el reposicionamiento político que la movilización entorno de la consulta de 1999 le otorgó, el EZLN se colocó en la butaquería del gran teatro de la lucha electoral por la toma del poder y observó los acontecimientos que enmarcaron las elecciones federales del 2000; tan de cerca, que incluso no es de dudarse que algunos consejeros electorales ubicados en los Consejos Distritales o Locales, ya por militancia, ya por simpatía, le tuvieran al tanto de cómo se llevaba a cabo el proceso electoral desde la óptica misma del IFE.

Aquel 2 de julio el sistema político mexicano sostenido en la siamésica relación entre el presidente y el partido de Estado sufría un golpe que para muchos ha llegado a ser su propia muerte. Vicente Fox, por su propio esfuerzo y apoyándose más en estrategias mercadotécnicas que en la estructura de su partido, ganó la carrera hacia la presidencia de la República. El EZLN no pudo hacer menos que reconocer el triunfo en las urnas del candidato de la Alianza por el Cambio y saludó su aparente actitud pacifista manifestada desde el primer día de su gestión: repliegue (que no es lo mismo que retiro) del Ejército en “zona de conflicto”, designación del ex cocopo Luis H. Álvarez como Comisionado Gubernamental para la Paz y el anuncio de enviar la iniciativa de Cocopa al Congreso.

Pero el EZLN sabía también que Fox, si bien parecía representar un cambio real de gobierno, no significaba un cambio de verdad en las relaciones de ese gobierno para con sus gobernadas y gobernados; así que le solicitó, entre otras dos señales de voluntad de paz, que respetara los Acuerdos de San Andrés con base en la aprobación de la iniciativa de reformas constitucionales que en materia de derechos y cultura indígena elaboró la Cocopa, y para darle una ayudadita anunció la realización de la Marcha por la Dignidad Indígena.

Ante el anuncio de la marcha, los sectores más conservadores pusieron el grito en el cielo, la marcha se convirtió en una suerte de bola de nieve que conforme avanzaba hacia su destino se hacía más grande, se reactivó la movilización social a favor del cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés generada en 1999 y quedaron en evidencia aquellos legisladores que le apostaron a conservar sus cotos de poder, cometiendo lo que Luis González Souza llamó terrorismo legislativo, burla al electorado y traición a correligionarios. Luego vendría la aprobación de una ley que enmendada desconoció de nueva cuenta los acuerdos firmados hace once años, y todo volvió a quedar jurídicamente como antes, con la diferencia de que, si al comenzar su gestión, Fox partía de cero en cuanto a la desconfianza zapatista para con su gobierno, después tuvo para el zapatismo una calidad moral muy parecida a la de los priístas que a lo John Wayne persiguieron indios en tierras mexicanas para terminar, como Zedillo, de socios en empresas beneficiadas por las privatizaciones emprendidas por sus gobiernos, léase la Pacific Union y la Procter & Gamble.

Así, los pueblos indios en México tomaron en sus manos el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés; claro que ello les ha significado enfrentamientos políticos muchas veces violentos contra los tres niveles de gobierno, contra los tres poderes de la Unión y contra los tres partidos políticos más fuertes del Estado. Es en los Acuerdos de San Andrés y en sus propios procesos organizativos que los pueblos indios adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona tienen su fortaleza; como el pueblo de Oaxaca, que ha dado paso a la creación del municipio autónomo triqui de San Juan Copala a raíz de la enorme experiencia que ha significado la lucha de la APPO por la renuncia del exgobernador Ulises Ruiz Ortiz