27 de agosto de 2013

Boletín de prensa de la Coalición Trinacional en Defensa de la Educación Pública, Sección Mexicana.

BOLETÍN DE PRENSA
24 agosto 2013.


  • Los diputados y senadores legislaron sobre una ley inconstitucional, pues los cambios en el artículo 3º, se contraponen a las garantías establecidas en el artículo 123.
  • Con la Ley reglamentaria aprobada por el Congreso, el INEE se convierte en la autoridad que subordinará a las secretarías de educación de los estados, en todo lo referente a la evaluación.
  • Sin ser el patrón de los maestros prácticamente decidirá sobre el ingreso, la promoción y permanencia del personal docente.
  • Quien define la política educativa en México es la OCDE, empresa transnacional lucrativa. El gobierno debe rescindirle el contrato.

En el Foro convocado por la Sección Mexicana de la Coalición Trinacional en Defensa de la Educación Pública, con el tema El Instituto Nacional de Evaluación Educativa y la OCDE”,realizado el día de hoy, en el auditorio del plantel Centro Histórico, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, participaron como conferencistas magistrales los Maestros Juan Manuel Rendón Esparza, Catedrático de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros (BENM); Miriam Sánchez Hernández, Coordinadora del Programa Galatea de la UACM y Lev Velázquez Barriga, integrante de la Sección XVIII del SNTE e integrante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
En el análisis realizado por los ponentes y los asistentes al evento (trabajadores docentes de educación básica y superior, del sector salud, padres de familia, estudiantes universitarios) se dilucidó que la soberanía nacional se encuentra secuestrada por la OCDE, Mexicanos (EMPRESARIOS) Primero, los medios masivos de comunicación. Y el Congreso de la Unión se encuentra anulado por el Pacto por México
Que la OCDE es una empresa transnacional lucrativa dedicada a vender políticas públicas, misma que envió a Enrique Peña Nieto (meses antes de su toma de posesión, en septiembre de 2012) el documento México. Mejores políticas para un desarrollo incluyente, que contiene ciento nueve recomendaciones en todos los rubros de la economía y de los derechos sociales: salud, educación, laboral, tributario, energético, apertura comercial, inversiones, entre otros. De ahí que no es extraño que al comparar el articulado de las leyes reglamentarias a los cambios a los artículos 3º y 73, encontremos hasta párrafos textuales de los documentos de la OCDE en materia educativa.
Se planteó que “es muy probable que la resistencia por parte del gobierno para escuchar y discutir los argumentos de los profesores, tenga que ver con la falta de autonomía de los políticos en turno, pues tienen intereses y compromisos pactados para que el país se dirija con la brújula del mercado, de acuerdo a los contratos suscritos con la OCDE”.

De ahí que no baste con la derogación de las reformas constitucionales en materia educativa, “para redirigir la educación en el sentido que la sociedad proponga, será necesario rescindir el contrato a la OCDE, despedirla, expulsarla y exigir a los gobernantes que asuman su tarea del diseño de las políticas públicas a partir del consenso con la sociedad. La OCDE debe salir de México, ¡ya!”, nos dijo la Mtra. Miriam Sánchez Hernández.

Una serie de mentiras se repiten una y otra vez, por los funcionarios de la SEP, del gobierno federal y de diputados y senadores, así como de los merolicos que se encuentran al frente de los principales noticiarios de la Televisión y de la radio comercial. Se dice que en las leyes aprobadas, se recuperaron las propuestas de la CNTE, que la evaluación no será punitiva,que recuperará la diversidad cultural e histórica y las condiciones socioeconómicas de las regiones, que se respetarán los derechos laborales de los docentes, que no habrá despidos. Y que los maestros se niegan a ser evaluados.

Lo que es evidente con el análisis de las leyes, es que no hay evaluación, sino medición y que sí es punitiva, nos dijo el Mtro. Juan Manuel Rendón; que los maestros que de acuerdo a los estándares que establezca el INEEE no cumplan los requerimientos, serán despedidos como maestros y se les quitará la posibilidad de ejercer la profesión para la cual fueron formados, la que ellos estudiaron y eligieron.

Que al basarse en estándares, no podrán recuperar la multiculturalidad y la riqueza histórica de nuestros pueblos, en primerísimo lugar de los originarios.

Los maestros no se niegan a evaluarse, pero sí se oponen a esta evaluación, y por ende a las nuevas leyes reglamentarias, que lo único que busca es desprestigiar a la educación pública, a los maestros y justificar la privatización de la educación, imponiendo una gestión empresarial, un conocimiento “por competencias”, una educación que prepare para el mercado. Es una ley que cede facultades que antes estaban en la autoridad educativa, para que los organismos empresariales decidan, al darles cabida tanto en los organismos de gobierno del INEE, como en los órganos consultivos que crea la ley, incluso abre la posibilidad a que participen también organizaciones religiosas. Además de haber nombrado en la Junta de Gobierno a personajes que estuvieron al servicio de la OCDE y de Mexicanos Primero, como su presidenta. Nos señaló el maestro Lev Velázquez.

En el foro surgieron varias propuestas para respaldar la lucha de los maestros democráticos en la defensa de la educación pública y por sus derechos laborales:

1) Exigir a la Suprema Corte de Justicia que atraiga el proceso de impugnación a los cambios constitucionales que a través de los amparos promovidos por miles de maestros se presentaron y se encuentran en curso. Que resuelva sobre la inconstitucionalidad de las reformas.

2) Acompañar a esa demanda la fundamentación basada en la violación de los convenios internacionales que protegen los derechos de los pueblos originarios, los cuáles no son considerados en las leyes aprobadas.

3) Lo que se encuentra en el centro de la lucha no es la evaluación como el gobierno nos pretende hacer creer, es el tipo de educación, qué educación para qué país. Por eso se requiere la abrogación de las reformas y la convocatoria a un amplio debate nacional que permita avanzar en las transformaciones que la educación de nuestro país requiere.

4) Se identifica que si bien es muy importante lo logrado por la lucha de la CNTE, aún no participa la sociedad en su conjunto, por lo cual es necesario Intensificar la campaña de difusión de la lucha de los maestros de la CNTE, en foros, brigadeo en las Universidades, particularmente la UNAM, UACM, UAM, IPN, en Centros de Trabajo, en las colonias y barrios

5) Promover la participación de los sindicatos, los académicos y los estudiantes de las Universidades en la discusión de estos temas y su accionar en la lucha en defensa de la educación pública.

6) Participar en la marcha del 1º de septiembre y las otras movilizaciones que están siendo convocadas por los distintos frentes unitarios en contra de las reformas neoliberales: la educativa, energética, laboral, etc

7) Mantener la campaña internacional de solidaridad con el magisterio mexicano.

8) Dar a conocer ampliamente los materiales presentados, lo primero es que se subirán a la página www.forolaboral.com.mx; se editarán folletos y se buscará participar en programas de radio y T.V de las organizaciones sociales y en los pocos espacios de la radio y TV públicos.

Finalmente, los asistentes al Foro manifestaron su consenso respecto a que, aunque entren en vigor las leyes, están condenadas al fracaso, pues no podrán ser aplicadas de manera generalizada, ante el descontento de amplios sectores de maestros y de la sociedad, por lo que se vivirá una resistencia permanente y una situación de conflicto en el sector, que en nada ayuda a mejorar el nivel educativo en el país.

Coalición Trinacional en Defensa de la Educación Pública, Sección Mexicana.

Dra. María de la Luz Arriaga L.

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