25 de octubre de 2006

OAXACA :: a la cidh el caso oaxaca, ultimatum de la appo, el pri apuesta por el uso de la fuerza, órdenes de arresto contra huelguistas.

ONG llevan a la CIDH queja por el caso Oaxaca

VICTOR BALLINAS. La Jornada. Martes 24 de octubre de 2006.

Organizaciones civiles mexicanas expusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la situación que priva en Oaxaca, donde, luego de 153 días de conflicto y plantón, se han cometido violaciones a las garantías individuales de los manifestantes, que van desde hostigamiento, amenazas, detenciones ilegales, fabricación de delitos y ataques a medios de comunicación, hasta asesinatos.

Al iniciar los trabajos del 126 periodo de sesiones regulares de la CIDH, en Washington, la Red Oaxaqueña de Derechos Humanos, la Red Nacional de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todos y el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) expusieron ante esa organización sus preocupaciones por los crecientes actos intimidatorios, ataques y asesinatos en contra de los integrantes del plantón magisterial y de organizaciones civiles integradas en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), que en los 153 días de conflicto han enfrentado desalojo, detenciones de líderes y destrucción de medios de comunicación en manos del movimiento, entre otras.

Las organizaciones defensoras de derechos humanos informaron que luego de exponer la situación en esa entidad, en la que demandaron la pronta y urgente llegada de una misión de trabajo de la CIDH, ésta les respondió que realizará una visita in loco, a principios de 2007, a esa entidad.

Por otro lado, Amnistía Internacional (AI) emitió una declaración urgente para Oaxaca, en la que manifiesta su preocupación por la intensificación del clima de violencia los últimos días, en los que dos simpatizantes de la APPO fueron asesinados por los disparos de hombres armados, y otras personas han resultado heridas.

Amnistía señala su preocupación porque otros ciudadanos puedan sufrir ataques similares de hombres no identificados y comunica que las negociaciones entre autoridades federales, manifestantes y gobierno local no han traído una solución política a las movilizaciones.

Refiere además que el 15 de octubre pasado el Senado se negó ''a forzar la dimisión del gobernador Ulises Ruiz, al rechazar la petición de los inconformes de que se disolvieran los poderes del estado de Oaxaca''.

AI reitera su preocupación ante la posibilidad de que la Policía Federal Preventiva (PFP) y la estatal traten de poner fin a las manifestaciones haciendo uso de fuerza excesiva contra quienes siguen manteniendo el control en la zona central del estado.

Esta organización internacional de defensa de los derechos humanos demanda a las autoridades una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre la presunta tortura al estudiante Pedro García García; de igual forma, sobre el asesinato de Alejandro Gracia Hernández, las heridas a otros simpatizantes de la APPO y el homicidio del maestro Pánfilo Hernández.

También solicita una indagatoria sobre los vínculos entre los hombres armados no identificados, responsables de estos y otros delitos, y las autoridades del estado; también que los resultados de esa investigación se hagan públicos.

Por otra parte, en la sesión de la CIDH, las organizaciones civiles denunciaron un cúmulo de violaciones que se han cometido contra manifestantes del magisterio y de la APPO, así como contra ciudadanos que apoyan esa lucha. ''Son múltiples la forma de intimidación y ataques: asesinatos, fabricación de delitos, órdenes de aprehensión, vigilancia y seguimiento de personas, familias; vigilancoa extrema a viviendas y vehículos; tomas de video y fotografías; ataques a medios de comunicación, balaceras, amenazas de muerte, advertencias telefónicas, difamación, utilización de una página web para desprestigiar e incitar ataques contra la dirigencia del movimiento y otras personas, así como rumores de ataques violentos, todo ello con el objetivo de impedir la participación ciudadana.

Dichas organizaciones denuncian que el operativo policiaco del 14 de junio pasado -desalojo del plantón magisterial- muestra un excesivo uso de la fuerza que puso en riego la integridad y la vida de las personas que se encontraban en la protesta: niñas y niños, mujeres y adultos; a la fecha han muerto 11 en el contexto de esa movilización en los últimos tres meses; ocho de ellos están ligados a la APPO, uno a un ayuntamiento popular y uno más del consejo central de lucha de la sección 22 y un accidentado en una barricada. A la fecha, las investigaciones no avanzan.

Las familias de las víctimas, aseveraron la organizaciones civiles en Washington, se encuentran temerosas ante la intervención de la Procuraduría de Justicia del estado de Oaxaca, debido a que funcionarios y policías ministeriales han participado en los ataques, ''lo que vuelve a la procuraduría juez y parte impidiendo una investigación pronta e imparcial''.

Asimismo, la Red Todos los Derechos para Todos, el Cejil y la Red Oaxaqueña de Derechos Humanos denunciaron que la actuación de los cuerpos policiacos ha sido irregular: ''Acuden vestidos de civil, sin portar identificaciones, usando automóviles particulares y taxis, la mayoría sin placas, y haciendo uso de violencia indiscriminada'', dijeron.

Por lo que hace a la situación de diez personas detenidas, en ocho casos se han documentado tortura física y sicológica, y también han sido sometidas a tratos crueles, inhumanos o degradantes; fueron detenciones ilegales y arbitrarias; hubo violaciones al debido proceso. ''En la actual situación que enfrenta el estado de Oaxaca no existen garantías reales para presumir que sus procesos serán oídos y resueltos expeditamente por jueces independientes, concluyeron.

Solecito

Ultimátum de la APPO a Ruiz para que renuncie

Solecito

ENRIQUE MENDEZ Y OCTAVIO VELEZ ENVIADO Y CORRESPONSAL.
La Jornada. Martes 24 de octubre de 2006

Oaxaca, Oax., 23 de octubre. La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) emplazó esta noche al gobernador Ulises Ruiz a pedir licencia a más tardar en 72 horas (contadas desde este martes), o realizará un paro estatal y una movilización de carácter nacional a partir del viernes, entre otras acciones. También demandó a la sección 22 del magisterio no regresar a clases hasta que se logre la renuncia del mandatario estatal.

Casi a las 11 de la noche, la APPO afinó un documento que hará público este martes, dirigido a los maestros oaxaqueños, en el cual se "invita a la base magisterial" a "no dejar al pueblo solo en la lucha por la salida de Ulises Ruiz", aunque asegura que las organizaciones sociales serán respetuosas de la decisión tomada en la consulta magisterial, que comenzó este lunes y cuyos resultados se conocerán en una nueva asamblea, el miércoles.

En tanto, la indefinición de un eventual regreso de los maestros a las aulas generó este lunes horas de tensión en comunidades del estado, entre padres de familia que decidieron abrir las escuelas y las brigadas móviles de la APPO que trataron de impedirlo. Además, el secretario general de la sección 22 del magisterio, Enrique Rueda Pacheco, acusó que la asamblea estatal del sábado ''fue secuestrada por grupos de personas armadas'' que presionaron para modificar el resultado de la consulta.

A su vez, organizaciones defensoras de derechos humanos informaron que fueron notificados de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) enviará a su comisionado para México, Florentín Meléndez, a realizar una visita específica a Oaxaca -en fecha por definir- para analizar las agresiones que ha sufrido el movimiento que exige la renuncia de Ulises Ruiz.

Por su parte, Rueda Pacheco acusó a la radiodifusora La Ley, tomada desde agosto pasado por maestros y la APPO, de incitar mediante sus mensajes a que la ciudadanía y las brigadas móviles acudieran a ''reventar'' la asamblea seccional en la que los secretarios delegacionales desconocieron los resultados que supuestamente validaban el regreso a clases.

Rueda aseguró que dichos grupos, entre los que identificó a ''maestros de base que tienen una instancia de expresión a través de sus representantes y no podían entrar'' al edificio magisterial, se dedicaron a ''impedir las decisiones soberanas del movimiento magisterial oaxaqueño. Es obvio, hay fotos y videos de que había un secuestro''.

-¿Y eso influyó en la decisión de convocar a otra consulta?

-Influyó en el resultado, claro. Si ustedes vieran su casa agredida por gente con piedras y que traen cohetes, ¿no influiría en su ánimo? No hubo respeto a las decisiones de las bases del magisterio.

-¿Se sienten presionados por el gobierno federal?

-Hay presión de los medios (de comunicación) solamente. Son los que provocan más confusión, porque no son veraces y no se ajustan la realidad. Es falso que tengamos maestros armados. Yo no tengo guaruras y no estamos de acuerdo en que se nos endilguen cosas que no son.

En entrevista, un día después de que los secretarios generales desconocieron el resultado de la consulta por la presunta manipulación de las cifras por la dirigencia -lo cual se evidenció en los tres sucesivos recuentos-, Rueda Pacheco aseguró que la apertura o no de las escuelas será ''una decisión democrática de los compañeros''.

-¿Y si dicen que no al regreso a clases?

-Será lo que digan las bases.

Mientras, en la agencia municipal de Pueblo Nuevo, en la zona conurbada de la capital oaxaqueña, padres de familia y simpatizantes de la APPO tuvieron algunos roces por la apertura de las dos escuelas primarias, el jardín de niños y la telesecundaria de la comunidad.

Por la mañana, con el apoyo de dos grupos de trabajo, vecinos de la escuela Emiliano Zapata impidieron que la tesorera del comité de padres de familia, Patricia Evia Sánchez, abriera el plantel, así que optaron por sellar las puertas con soldadura eléctrica.

Más tarde, las brigadas móviles de la APPO soldaron los accesos de la telesecundaria y regresaron a la primaria para corroborar que nadie hubiese violado los accesos.

Al otro lado de la agencia municipal, que está dividida por la carretera internacional 200, padres de familia pagaron a un cerrajero para que abriera, primero con una barreta, la cadena que sujetaba las puertas de la escuela Francisco Zarco, y después los salones con ganzúas.

Actualmente los alumnos de educación básica toman clases con guías escolares en dos domicilios particulares vigilados por sus padres. Una vez que entraron a la escuela Zarco, limpiaron los salones, barrieron el patio y los pasillos e iniciaron un inventario de los muebles y de los pizarrones electrónicos para evitar que posteriormente se les acuse de robo o destrucción.

La agencia municipal envió un camión de volteo para recoger la basura y la tierra acumuladas y, poco antes de la una, el autobús de la APPO enfiló hacia la primaria para cerrarla, pero los vecinos corrieron tras el vehículo armados con piedras, palos, machetes y hasta resorteras para enfrentar la brigada; ante ello, ésta siguió de frente.

Por la noche una comisión se quedó a cargo de la vigilancia de la escuela, debido a que abrirá este martes a las 8 de la mañana para que los menores estudien en sus aulas.

Por su parte, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca descartó que el asesinato del indígena Alejandro López López, perpetrado el viernes pasado en la ranchería El Palmar, San Agustín Loxicha, se deba a motivos políticos y lo atribuyó a ''una venganza''.

Solecito

La fuerza, única salida en Oaxaca: Jiménez Macías

Solecito

MIRIAM POSADA GARCIA. La Jornada. Martes 24 de octubre de 2006

El vocero de la fracción del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado de la República, Carlos Jiménez Macías, aseguró que el uso de la fuerza pública en Oaxaca es la única salida al conflicto, debido a que el problema se dejó crecer a enormes magnitudes y las autoridades ya no tienen otra opción.

Aseguró que los mexicanos deben tener otra cultura del uso de la fuerza pública, porque en las grandes democracias ésta se usa para restituir el orden; sin embargo, dijo, en México al parecer quieren que las cosas ocurran solas.

Antes de la inauguración del Foro Global de Comercio, de la Organización para el Crecimiento y Desarrollo Económico (OCDE), realizado en la Secretaría de Economía, destacó que el movimiento de la sección 22 del magisterio y de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) se dejó crecer a dimensiones en que sólo el uso de la fuerza pública, pero sin que haya violencia, puede llevar a restaurar el orden en la entidad.

Rechazó que la renuncia del gobernador Ulises Ruiz sea la opción viable para atender demandas de un grupo que se ha mostrado violento y que ha orillado a las autoridades a actuar con el uso de la fuerza, por ser la única salida.

Precisó que no se trata de usar tanquetas o ningún otro método violento; sin embargo, consideró que los mexicanos deben tener otra cultura del uso de la fuerza, porque ''al mismo tiempo en que los medios de comunicación plantean una visión respecto del conflicto, con un señalamiento de peligro y alerta por la fuerza pública (en Oaxaca), nosotros estamos viendo que en otros países, en las grandes democracias, cuando se violenta el orden público se hace uso de la fuerza, como recientemente ocurrió en Chile, y nadie puede cuestionar la legitimidad de la presidenta o su democracia''.

Finalmente, Jiménez Macías señaló que el mismo mecanismo se repite en lugares como Francia o Gran Bretaña, por lo que criticó que en México se siga cuestionando el procedimiento, ''cuando no hay otra salida''.

Jueces dictan 6 ordenes de arresto contra huelguistas de Oaxaca


México, 24 oct (EFE).- El fiscal general de México, Daniel Cabeza de Vaca, dijo hoy que los jueces han entregado seis ordenes de arresto y 21 están en proceso de entrega contra los responsables de obstrucción de vías de comunicación en el estado sureño de Oaxaca.
"Ya hay seis averiguaciones consignadas; hay seis ordenes de aprehensión contra distintas personas, obviamente los nombres no se mencionan, pero son individuos que ha participado en este movimiento y son buscados por delitos federales", dijo en rueda de prensa
Comentó que todos las consignaciones son ordenadas por jueces del estado de Oaxaca y aunque no son delitos graves son "de daños, ataques a las vías de comunicación y no mayores"
El titular de la Procaduría General agregó que se encuentran abiertas más de 56 averiguaciones previas, aunque en 22 de ellas se determinó no ejercitar la acción penal.
La ciudad de Oaxaca, un importante destino turístico por su arquitectura colonial y ruinas precolombinas, permanece virtualmente sitiada desde hace cinco meses por los maestros y los miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), su principal aliado en las calles.
La APPO amenazó hoy con reforzar las barricadas que han colocado en varios puntos estratégicos de la ciudad para defenderse ante una posible intervención de la policía y para exigir la salida del gobernador estatal, Ulises Ruiz.
Los manifestantes desde su inicio del movimiento mantienen en su poder las instalaciones de algunas empresas de televisión y radio del estado.

No hay comentarios.:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...