NOTICIAS TOMADAS DE LA JORNADA:
- Revés al INM; otorga juez amparo a Valentina Palma.
- Editorial: La SSP federal, encubridora.
- CNDH: Fox permitirá la impunidad en el caso Atenco.
REVÉS AL INM; OTORGA JUEZ AMPARO A VALENTINA PALMA.
FABIOLA MARTINEZ
Un juez de distrito en materia penal concedió un amparo a la chilena Valentina Larissa Palma Novoa, una de los extranjeros deportados durante el operativo policiaco en San Salvador Atenco, en mayo pasado.
Con lo anterior, se ordena al Instituto Nacional de Migración (INM) dejar sin efecto la sanción impuesta, la cual prohibía a Palma Novoa volver a ingresar a México en los próximos cinco años.
Con el resolutivo, el Poder Judicial advierte que la determinación del INM dependiente de la Secretaría de Gobernación (SG) y los argumentos legales emitidos no estuvieron debidamente fundados ni motivados y, en cambio, se expusieron razones "ambiguas y faltas de claridad".
De igual forma, el juez destaca que en las constancias "se advierte que no fue ordenada la detención del quejoso para su deportación", ocurrida un día después de los hechos de Atenco.
Cabe señalar que el caso de los extranjeros referidos fue causa de una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) al INM, ante la transgresión de sus garantías básicas.
La CNDH instó al INM no sólo a dejar sin efecto las sanciones sino a emprender una investigación interna para sancionar a los responsables de estos procesos administrativos irregulares. En respuesta, el comisionado del INM, Hipólito Treviño, dijo que aceptaba las recomendaciones, a efecto de emprender una investigación entre su personal, pero aseveró que el retiro de la sanción a los extranjeros sólo procedería por orden del titular de la SG, Carlos Abascal.
En el expediente del juicio de amparo 607/2006, el juez sexto de distrito de amparo en materia penal en el DF resolvió, el 31 de octubre pasado, que la justicia de la Unión ampara y protege a Palma Novoa contra los actos de las autoridades referidas.
En consecuencia, precisa el juez Juan Mateo Brieba de Castro, el INM debe dejar "insubsistente el acto reclamado y, en su lugar, con libertad de decisión, dicte otro, pero en el cual subsane las inexactitudes apuntadas o bien, si lo considera, se pronuncie en distinto sentido".
En mayo pasado, cinco extranjeros fueron detenidos durante el choque entre pobladores de San Salvador Atenco y elementos de las policías mexiquense y federal. De inmediato, fueron puestos a disposición de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, la cual los remitió al INM.
Este organismo resolvió, en unas cuantas horas, deportar a los extranjeros; los llevó al aeropuerto y los envió a sus respectivos países de inmediato, bajo el argumento que los realizaban actividades no autorizadas.
Palma Novoa, quien al momento del operativo tomaba imágenes para realizar un documental, obtuvo un amparo; sin embargo, este no fue considerado por la autoridad migratoria, aun cuando acreditó ser estudiante de cinematografía en la UNAM.
Ante el proceso legal iniciado por la chilena, el INM tuvo que responder al juez y atribuyó la celeridad de su actuación a la recepción de una llamada telefónica anónima que le brindó información sobre las supuestas actividades ilegales en México de los extranjeros referidos.
Este es el mismo argumento emitido hace algunas semanas para sustentar la pretendida detención de tres abogados estadunidenses, quienes viajaron a México para difundir información en torno a un caso de presunto encubrimiento del cardenal Norberto Rivera hacia un pederasta.
Para el caso de la deportación de los extranjeros, el gobierno expuso ante el juez:
"Se recibió una llamada telefónica en la estación migratoria de Iztapalapa, en la que se manifestó por una persona, que por temor a represalias no dio su nombre, que los extranjeros detenidos en Atenco participan activamente en actividades del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y que tienen vínculos con grupos estudiantiles de la UNAM.
"(Lo anterior) hace prueba plena de que fueron detenidos y asegurados por realizar actividades no permitidas en San Salvador Atenco, el día 4 de mayo del año en curso".
Los alegatos del INM, en general, fueron considerados por el juez como no fundamentados, ambiguos, faltos de claridad y omisos en diversos aspectos, en particular cuando se refiere a que los extranjeros realizaban actividades políticas no autorizadas.
"Si bien la autoridad responsable aduce que la quejosa (Palma Novoa) participó en actividades políticas no autorizadas, lo cierto es que (el INM) omitió precisar qué entendía por tales actividades.
"No basta agrega el juez Brieba que la responsable afirme que la quejosa participó en mítines o reuniones de carácter político, pues no establece en forma concreta por qué tales actos se les considera prohibidos...".
Por ello, es necesario que el INM "funde y motive debidamente el acto reclamado (...) y enumerando en forma particular y precisa la conducta de la quejosa".
En el texto del amparo, el juez argumenta que el Poder Judicial sí tiene atribuciones para resolver en torno a actos del Ejecutivo, y brindar la protección de la justicia federal a la chilena.
EDITORIAL: LA SSP FEDERAL, ENCUBRIDORA.
La negativa de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) a acatar la recomendación que le formuló la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por las severas violaciones cometidas por los efectivos de la primera institución durante los enfrentamientos entre policías y comuneros en Texcoco y San Salvador Atenco, a principios de mayo pasado, pone en evidencia que el interés del actual gobierno en el tema de los derechos humanos es meramente discursivo, y revela hasta qué punto el foxismo ha llevado a la institucionalidad del país a un callejón sin salida.
Por lo demás, el rechazo de Eduardo Medina Mora, titular de la SSP, a la recomendación 38/2006 de la CNDH es el caso más ilustrativo, pero no el único, de la actitud de funcionarios federales y estatales ante los intentos institucionales por corregir los abusos cometidos desde el poder contra la población civil. El Instituto Nacional de Migración (INM) simula que atiende la petición del ombudsman nacional de sancionar a los responsables de la expulsión del país de cinco extranjeros a los que acusó de realizar "actividades no autorizadas" en relación con el conflicto de Atenco y de dejar sin efecto las sanciones impuestas a los afectados. El gobierno mexiquense ha asegurado la impunidad de sus funcionarios públicos responsables de los excesos represivos del 4 de mayo, entre los que destacan dos muertes, violaciones y otros abusos sexuales, tortura, detenciones ilegales, allanamientos de morada, robos, incomunicaciones, integraciones irregulares de las averiguaciones previas y, en el caso de la chilena Valentina Palma, violación del amparo judicial obtenido por ésta para evitar su expulsión del país.
El gobierno de Vicente Fox, quien inició su gestión con un enfático compromiso discursivo de respetar los derechos humanos, termina así como un violador contumaz de tales derechos, en tanto sus declaraciones humanitarias se revelan como un componente más, especialmente exasperante y doloroso, de la escenografía oficial popularmente conocida como Foxilandia.
Por otra parte, la negativa gubernamental a acatar la recomendación de la CNDH confirma la inoperancia de las instituciones generada durante el sexenio que está por terminar. Una vez que se ha comprobado de manera fehaciente que los efectivos de la SSP quebrantaron severamente la legalidad durante el operativo realizado en San Salvador Atenco, y cuando la misma dependencia no ha sido capaz de corregir y sancionar tales atropellos, la recomendación de la CNDH constituye uno de los últimos mecanismos institucionales para restaurar el estado de derecho. Pero hace muchos meses que el Ejecutivo federal ha asumido una actitud de manifiesta hostilidad al organismo que preside José Luis Soberanes, y da la impresión de que desde el propio círculo presidencial se alimenta la animadversión contra el ombudsman nacional. En tales circunstancias, el rechazo a las directivas de la CNDH deviene respuesta casi previsible de las dependencias gubernamentales, con lo que se anula de hecho la capacidad de la comisión para tutelar los derechos fundamentales de las personas ante los abusos del poder público. El ninguneo regular a la CNDH y el desconocimiento casi sistemático de sus recomendaciones constituyen, a su vez, un mensaje implícito de aliento a la impunidad para los servidores públicos y los cuerpos de seguridad y orden público del Estado implicados en violaciones a las garantías constitucionales, a las libertades individuales y al Código Penal.
En suma, al igual que en los terrenos de transparencia, democracia, operación política, justicia y bienestar social, seguridad pública, entre otros, en materia de derechos humanos el saldo de este sexenio es un completo desastre.
CNDH: FOX PERMITIRÁ LA IMPUNIDAD EN EL CASO ATENCO.
EMIR OLIVARES ALONSO
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) aseguró que la administración de Vicente Fox ''no está dispuesta'' a investigar los hechos y a sancionar a los responsables de los delitos que se suscitaron durante el operativo policiaco en los municipios de San Salvador Atenco y Texcoco, pues el titular de Seguridad Pública federal (SSP), Eduardo Medina Mora, rechazó la recomendación que ese órgano le hizo en torno a los hechos mencionados, por lo que las acciones en que incurrieron las fuerzas policiacas ''quedarán una vez más en la impunidad''.
El organismo señaló que cuenta con evidencias para asegurar que los elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) y de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE) incurrieron en diversas violaciones a derechos humanos, como ''tortura'' y ''violación a la libertad sexual'', por lo que la negativa del funcionario federal a investigar a los probables responsables contribuye a la opacidad, que ''es sinónimo de impunidad''.
La ''actitud del secretario Medina Mora es inaceptable en una sociedad democrática que reclama justicia y transparencia. Negarse a investigar la labor de los subordinados es incurrir en una forma de encubrimiento'', señala.
La semana pasada el funcionario federal envió un documento al ombudsman nacional, José Luis Soberanes, en el que argumenta que los elementos policiacos no incurrieron en uso excesivo de la fuerza ni en tortura, y que la PFP ''reaccionó en legítima defensa para repeler agresiones infligidas por manifestantes en contra de bienes de terceros ajenos al conflicto, bienes de la nación, seguridad de personas privadas de su libertad, de población en general y de la seguridad de los elementos de la propia corporación''.
Al texto de alrededor de 60 cuartillas la CNDH respondió a través de un comunicado, donde asienta que los argumentos del secretario federal faltan ''a la verdad'', pues durante los operativos los policías ''incurrieron en uso excesivo de la fuerza, generando en los detenidos lesiones que fueron certificadas por peritos médicos''.
Asimismo recordó que durante las indagatorias que realizó la cuarta visitaduría bajo el mando de Susana Thalía Pedroza se hicieron diversas solicitudes de información a la SSP, que fueron atendidas de manera ''dilatada, parcial y contradictoria'', e inclusive rechazadas con el argumento de que los datos eran reservados o confidenciales.
''Esta irregularidad ha entorpecido el conocimiento de la verdad histórica y jurídica de los hechos, generado incertidumbre y soslayado la debida aplicación de la ley en perjuicio de las personas agraviadas'', expresó la CNDH. Además consideró que al negarse a realizar las investigaciones recomendadas, el secretario Medina Mora contraviene el trabajo de la propia comisión y ''refuerza la falacia de que la protección de los derechos humanos limita la efectividad de los aparatos de seguridad pública'', lo que provoca suspicacias y resistencia entre los servidores públicos, que podrán obstaculizar la labor de quienes se encarguen de cumplir con la ley durante el próximo sexenio.
A mediados del pasado octubre, la CNDH emitió su recomendación 38/2006, dirigida a Medina Mora; al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, y al comisionado del Instituto Nacional de Migración, Hipólito Treviño, en la determinó que las autoridades federales y estatales que participaron en los violentos operativos en los municipios mexiquenses ''vulneraron derechos inherentes a la dignidad de las personas relativos a la vida, la integridad física, la legalidad y la seguridad jurídica''.
A través de diferentes investigaciones el organismo acreditó que los elementos policiacos incurrieron en detenciones arbitrarias, retenciones ilegales, tortura, violación a la libertad sexual (abuso sexual y violación), allanamientos de morada, violación a los derechos de los menores, así como una irregular integración de las averiguaciones previas.
La respuesta de Medina Mora a la CNDH contraviene las valoraciones que realizó la semana pasada la Procuraduría General de la República (PGR) ante los integrantes del Comité contra la Tortura de la ONU en Ginebra, Suiza, donde la fiscal especial para la violencia contra las mujeres, Alicia Elena Pérez Duarte, reconoció que durante el operativo en Atenco y Texcoco se presentó la tortura, base de la recomendación rechazada.
La fiscal de la PGR señaló ante el comité que al investigar los casos de abuso sexual que denunciaron 26 de las detenidas en dicho operativo, ''nos dimos cuenta de que no sólo eran delitos de carácter sexual, sino que se convirtió en tortura''.
Algunas de las evidencias con las que cuenta la CNDH para acreditar ''las flagrantes violaciones a derechos humanos'' son: los resultados de certificaciones médicas practicadas a los detenidos los días 4 y 5 de mayo; el oficio RGN/XX/1805/2006, suscrito por el jefe de la 20 Región Texcoco de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del gobierno del estado de México el 11 de noviembre, que contiene en detalle las acciones de las corporaciones policiales involucradas, del cual destaca la participación de la PFP en allanamientos de morada.
La CNDH también tiene diversas videograbaciones sobre los hechos, tanto de medios de comunicación como de organismos independientes de defensa de derechos humanos, a través de las cuales ''millones de mexicanos fueron testigos de cómo algunos elementos de la PFP golpearon a personas indefensas y ya sometidas''.
El organismo señaló que a pesar de estas pruebas, la SSP federal ''no considera que la brutalidad policiaca mostrada por las evidencias merezca, ya no una condena, sino siquiera una investigación''. Cabe señalar que ésta es la segunda recomendación que en menos de un mes ha rechazado el titular de la SSP federal, pues hace un par de semanas desechó los exhortos del organismo en torno a los hechos de la siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas. Medina Mora comparecerá el próximo martes ante la Cámara de Diputados.
En su comunicado, la CNDH subrayó que aunque el presidente Fox aseguró en su discurso de toma de posesión que ''México no será más una referencia de descrédito en derechos humanos, vamos a protegerlos como nunca, a respetarlos como nunca y a considerar una cultura que repudie cualquier violación y sancione a los culpables'', con actitudes como la del secretario de Seguridad Pública la administración federal ''está lejos de aquella meta, (pues) está marcada categóricamente ante la opinión pública por las palabras Texcoco y Atenco''.
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