inSurGente/Gara-. Amnistía Internacional (AI),en una declaración, expresa su preocupación por "la falta de mejoras concretas" en materia de derechos humanos desde la aprobación, en mayo de 2005, por parte del Congreso español de la declaración que respaldaba el inicio del diálogo con ETA y desde que la organización armada decretó un alto el fuego permanente, hace casi ocho meses.
AI entiende que los derechos humanos "deben formar parte esencial del programa de trabajo" y que "no deben utilizarse como bazas de negociación".
En su opinión, las diferentes partes implicadas en el proceso "necesitan trabajar para la creación de un clima en el que se respeten los derechos a la vida, la libertad y la seguridad de la persona y el derecho a no ser víctima de torturas o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes".
Para esta organización, el respeto a los derechos humanos es un "requisito previo para establecer dicho proceso" y una "guía para poner en marcha un proceso eficaz y telón de fondo de cualquier garantía de que el proceso será duradero".
En ese sentido, muestra su preocupación por que "existan barreras para este proceso", entre las que cita "la continuación de los abusos contra los derechos humanos y el mantenimiento de ciertas disposiciones en el marco jurídico que conducen a violaciones de derechos humanos".
AI recuerda que tras el anuncio del alto el fuego por parte de ETA pidió al presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, que abordara "una serie de motivos de preocupación" relacionados con los derechos humanos cuya resolución es, en su opinión, "vital para asegurar un proceso de paz duradero y sostenible".
Entre otras cosas, pidió la derogación de la detención en régimen de incomunicación, el acceso inmediato de los detenidos a asistencia letrada efectiva, el derechos de los presos a cumplir las condenas cerca de sus familiares, y la eliminación de toda ambigüedad de la Ley de Partidos que pudiera infringir los derechos a la libertad de pensamiento, expresión, asociación o reunión.
AI, al mismo tiempo, instó a ETA a resolver "presuntos abusos contra los derechos humanos que cometía, como hostigamiento, amenazas, extorsión económica y otros actos de violencia o intimidación contra la población civil", y le solicitó que "se asegurara que el final de los abusos contra los derechos humanos era total e irreversible".
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