II.- RECOMENDACIONES
Con base a las anteriores conclusiones, la CCIODH recomienda:
Con base a las anteriores conclusiones, la CCIODH recomienda:
1.- Atender a las causas originales de este conflicto, cuyas raíces se hallan en problemas estructurales de pobreza, caciquismo, desigual acceso a los recursos, falta de medios para la educación y la salud, no respeto a la memoria histórica y a la identidad indígena, vulneración de los procedimientos democráticos y falta de respeto al acceso real a canales de participación, creando condiciones que logren reparar las violaciones de Derechos Humanos y restaurar la convivencia en esta sociedad tan polarizada.
2. Para garantizar la separación de poderes, la transparencia en la actuación de los servidores públicos y el pleno respeto a los Derechos Humanos en Oaxaca, es necesario diseñar e implementar una reforma profunda de las instituciones del Estado. Puesto que se trata de una reforma que todas las partes sin excepción aceptan como necesaria, debería iniciarse el proceso con prontitud de acuerdo con los principios democráticos de diálogo y participación para evitar que se desencadene de nuevo la violencia latente y que se manifiesten de forma conflictiva las demandas sociales.
3. Para reestablecer el Estado de Derecho, hay que garantizar sin dilación la investigación de los ilícitos cometidos, especialmente en los casos más graves (muertes, desapariciones, torturas y agresiones sexuales); la revisión de la situación jurídica de las personas liberadas bajo caución; la resolución de los procesos penales iniciados, especialmente cuando se carece de fundamento probatorio; así como la reparación económica, moral y social a las víctimas.
4. Revisar la situación jurídica de todas las personas encarceladas y proceder a la inmediata liberación tanto de aquellas que lo están por motivos estrictamente políticos como en los casos en los que su implicación no tiene fundamento probatorio alguno y/o en los que la gravedad de los hechos no justifique la privación de libertad.
5. Para recuperar la confianza de la sociedad civil en las instituciones públicas, e impedir la impunidad sus representantes deben: reconocer públicamente las vulneraciones cometidas, depurar las responsabilidades pertinentes sin escudarse en mutuas atribuciones de competencias y cumplir estrictamente, de ahora en adelante, con los Convenios Internacionales ratificados por México.
6. Proceder al desarme, controlar la posesión y utilización ilegal de armas, impedir la actuación de grupos de personas no uniformadas armadas y la coordinación de éstos con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.
7.- Impulsar los mecanismos necesarios para la reconstrucción del equilibrio social a través de medidas de reparación de los daños individuales y colectivos ocasionados. Dichas medidas deben ser consensuadas por los mismos afectados e incluir la reparación moral, emocional, del daño comunitario, económica, legal, social e histórica.
8.- Restablecer el orden por la vía del diálogo y no a través del uso de la fuerza publica.
9.- Aplicar programas de acompañamiento terapéutico especializado para quienes han sufrido diferentes tipos de agresiones y torturas, tanto físicas como psicológicas con especial atención a las víctimas de agresiones sexuales y violaciones, tanto a mujeres como a hombres.
10.- Ofrecer una especial atención a todos los menores que han sufrido agresiones, detenciones, torturas, trasladados e internamientos.
11.- Hacemos un llamado a las organizaciones locales, nacionales e internacionales a que cooperen en el seguimiento psicológico y la atención médica y profesional de los afectados, de forma consensuada con las organizaciones locales.
12.- Tomar las medidas necesarias, efectivas y adecuadas para garantizar la independencia de todos los medios de comunicación y equiparar el acceso y la difusión de la información entre los medios comerciales y los medios independientes y comunitarios.
13.- Garantizar la integridad física y psicológica de los profesionales de los medios de comunicación en el ejercicio de su labor en el terreno.
14.- Tomar las medidas necesarias, efectivas y adecuadas, para garantizar que los defensores de Derechos Humanos puedan realizar libremente sus actividades, favoreciendo su protección y el respeto de sus libertades fundamentales, garantizando su seguridad y su integridad física y psicológica en el ejercicio de su labor.
15.- Atender a las demandas de los pueblos indígenas, evitando toda discriminación y respetando sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales. Garantizar el respeto y la aplicación de las leyes que afectan a las comunidades indígenas y favorecer el desarrollo de políticas de inclusión de éstas a través de mecanismos de participación y defensa adecuados a sus formas de organización, gobierno y usos y costumbres.
16.- Instar a la actuación decidida de las Fiscalías Especiales creadas para la protección efectiva de los derechos de colectivos especialmente vulnerables, como son: periodistas, comunidades indígenas, mujeres y menores.
17.- Deslindar todas las responsabilidades políticas y personas en los hechos referidos en estas conclusiones y recomendaciones. A nivel estatal, señalamos la importancia de investigar la actuación de la Procuraduría General de Justicia del Estado, así como de la Secretaría de Protección Ciudadana y la Secretaría General de Gobierno, lo que implica investigar la actuación del gobierno estatal en su conjunto. A nivel federal, es necesario investigar las actuaciones de la Policía Federal Preventiva, la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República.
18.- Dar continuidad por el momento a la tarea de observación internacional del respeto a los Derechos Humanos en Oaxaca en la que se impliquen instituciones y organismos independientes e imparciales que puedan garantizar la libertad de movimiento, la protección para la denuncia de las vulneraciones, la asistencia debida a las personas afectadas y la justa reparación de todas las vulneraciones descritas. En este sentido, recomendamos al gobierno mexicano que inste especialmente la presencia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Oaxaca.
2. Para garantizar la separación de poderes, la transparencia en la actuación de los servidores públicos y el pleno respeto a los Derechos Humanos en Oaxaca, es necesario diseñar e implementar una reforma profunda de las instituciones del Estado. Puesto que se trata de una reforma que todas las partes sin excepción aceptan como necesaria, debería iniciarse el proceso con prontitud de acuerdo con los principios democráticos de diálogo y participación para evitar que se desencadene de nuevo la violencia latente y que se manifiesten de forma conflictiva las demandas sociales.
3. Para reestablecer el Estado de Derecho, hay que garantizar sin dilación la investigación de los ilícitos cometidos, especialmente en los casos más graves (muertes, desapariciones, torturas y agresiones sexuales); la revisión de la situación jurídica de las personas liberadas bajo caución; la resolución de los procesos penales iniciados, especialmente cuando se carece de fundamento probatorio; así como la reparación económica, moral y social a las víctimas.
4. Revisar la situación jurídica de todas las personas encarceladas y proceder a la inmediata liberación tanto de aquellas que lo están por motivos estrictamente políticos como en los casos en los que su implicación no tiene fundamento probatorio alguno y/o en los que la gravedad de los hechos no justifique la privación de libertad.
5. Para recuperar la confianza de la sociedad civil en las instituciones públicas, e impedir la impunidad sus representantes deben: reconocer públicamente las vulneraciones cometidas, depurar las responsabilidades pertinentes sin escudarse en mutuas atribuciones de competencias y cumplir estrictamente, de ahora en adelante, con los Convenios Internacionales ratificados por México.
6. Proceder al desarme, controlar la posesión y utilización ilegal de armas, impedir la actuación de grupos de personas no uniformadas armadas y la coordinación de éstos con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.
7.- Impulsar los mecanismos necesarios para la reconstrucción del equilibrio social a través de medidas de reparación de los daños individuales y colectivos ocasionados. Dichas medidas deben ser consensuadas por los mismos afectados e incluir la reparación moral, emocional, del daño comunitario, económica, legal, social e histórica.
8.- Restablecer el orden por la vía del diálogo y no a través del uso de la fuerza publica.
9.- Aplicar programas de acompañamiento terapéutico especializado para quienes han sufrido diferentes tipos de agresiones y torturas, tanto físicas como psicológicas con especial atención a las víctimas de agresiones sexuales y violaciones, tanto a mujeres como a hombres.
10.- Ofrecer una especial atención a todos los menores que han sufrido agresiones, detenciones, torturas, trasladados e internamientos.
11.- Hacemos un llamado a las organizaciones locales, nacionales e internacionales a que cooperen en el seguimiento psicológico y la atención médica y profesional de los afectados, de forma consensuada con las organizaciones locales.
12.- Tomar las medidas necesarias, efectivas y adecuadas para garantizar la independencia de todos los medios de comunicación y equiparar el acceso y la difusión de la información entre los medios comerciales y los medios independientes y comunitarios.
13.- Garantizar la integridad física y psicológica de los profesionales de los medios de comunicación en el ejercicio de su labor en el terreno.
14.- Tomar las medidas necesarias, efectivas y adecuadas, para garantizar que los defensores de Derechos Humanos puedan realizar libremente sus actividades, favoreciendo su protección y el respeto de sus libertades fundamentales, garantizando su seguridad y su integridad física y psicológica en el ejercicio de su labor.
15.- Atender a las demandas de los pueblos indígenas, evitando toda discriminación y respetando sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales. Garantizar el respeto y la aplicación de las leyes que afectan a las comunidades indígenas y favorecer el desarrollo de políticas de inclusión de éstas a través de mecanismos de participación y defensa adecuados a sus formas de organización, gobierno y usos y costumbres.
16.- Instar a la actuación decidida de las Fiscalías Especiales creadas para la protección efectiva de los derechos de colectivos especialmente vulnerables, como son: periodistas, comunidades indígenas, mujeres y menores.
17.- Deslindar todas las responsabilidades políticas y personas en los hechos referidos en estas conclusiones y recomendaciones. A nivel estatal, señalamos la importancia de investigar la actuación de la Procuraduría General de Justicia del Estado, así como de la Secretaría de Protección Ciudadana y la Secretaría General de Gobierno, lo que implica investigar la actuación del gobierno estatal en su conjunto. A nivel federal, es necesario investigar las actuaciones de la Policía Federal Preventiva, la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República.
18.- Dar continuidad por el momento a la tarea de observación internacional del respeto a los Derechos Humanos en Oaxaca en la que se impliquen instituciones y organismos independientes e imparciales que puedan garantizar la libertad de movimiento, la protección para la denuncia de las vulneraciones, la asistencia debida a las personas afectadas y la justa reparación de todas las vulneraciones descritas. En este sentido, recomendamos al gobierno mexicano que inste especialmente la presencia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Oaxaca.
2 comentarios:
la cuatro me llama la atención, la imparcialidad y objetividad que ahy que tener para ello es inmensa,a veces se pueden cometer errores de bulto, pero otras veces...es más dificil descirnir quien esta por que lo merece y quien no.
Bueno, An, en este caso las recomendaciones vienen a ser la conclusión de las consideraciones anteriores. Así, el asunto no es tan de bulto, se limita a las personas arrestadas durante los operativos represivos, donde lo mismo fueron detenidas personas que militan en la APPO y gente que sólo iba pasando; el trato, pues, debe ser diferenciado; pero ambas liberadas.
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