Guerrero. Es gobernado por Zeferino Torreblanca, empresario. Participó desde joven en las organizaciones empresariales CONCANACO y COPARMEX; catalogado como de centro-derecha. Llega a la gubernatura del estado, arrastrando a corrientes del PRI local. Es acusado por propios integrantes del sol azteca de incluir en su gobierno a conocidos represores. Entre ellos: Antonio Nogueda involucrado en desapariciones forzadas de militantes de izquierda. El gobernador integra como Secretario de Seguridad Pública al general retirado Heriberto Salinas Altés, quien fuera comandante en la región en la época de mayor represión contra los perredistas y cuya actuación provocó una recomendación de la CNDH por violación a las garantías y derechos fundamentales. La DEA en 1997, lo identificó como vínculo con el Cártel de Juárez. Torreblanca designó a Arnoldo Jacobo Luviano como parte de su gobierno; es identificado como uno de los responsables de la Matanza de Aguas Blancas. El gobernador perredista ratifica a cuatro secretarios del anterior gobierno priísta de Juárez Cisneros en su mismo cargo. El Estado de Guerrero cuenta con una importante historia represiva de cientos de desaparecidos y asesinatos políticos. El Gobernador declara en torno al tema que “debe haber borrón y cuenta nueva”
En octubre de 2007, estudiantes y egresados de la Escuela Normal de Ayotzinapa toman pacíficamente una estación radial para denunciar el incumplimiento de acuerdos del Gobierno de Torreblanca. Un enorme operativo policiaco trata de desalojarlos por la fuerza. En manifiesto de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero, sus integrantes protestan por múltiples declaraciones clasistas y racistas del gobernador: “los estudiantes son delincuentes y vándalos”, “los campesinos son insoportables por su olor a campo e incomunicables por la diversidad de su forma de hablar”, “los maestros disidentes son revoltosos y flojos”, “los comerciantes de los pueblos insectos que hay que desaparecer para darle entrada a las grandes empresas extranjeras y nacionales”. En junio de 2007 se detiene a un dirigente magisterial de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero. Numerosos movimientos sociales repudian la acción y condenan a Zeferino Torreblanca.
La coordinadora regional de autoridades Comunitarias de la Montaña y Costa Chica de Guerrero (policía comunitaria), Radio Ñomndaa y la Organización del Pueblo Indígena Mepha`a, integrantes de la Otra Campaña, denuncian por separado, el hostigamiento y persecución a sus organizaciones, acusando de cómplice al Gobierno de Guerrero, así como de la intensificación de la militarización en el Estado. El Consejo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas Mepha`a de Huehuetepec denuncia persecución a su organización por el Gobierno de Torreblanca, acusados de ataque a las vías de comunicación y privación ilegal de la libertad. Esta última organización había apoyado electoralmente al gobernador.
En junio de 2007, en la prensa estatal se denuncia que un hermano de Zeferino Torreblanca estaría presuntamente vinculado a un contrato millonario con el Gobierno del Estado, como parte de la denuncia de constructores de Chilpancingo que señalaron a Alberto Torreblanca como socio de la empresa Corporación Constructora Analú, que habría recibido de la Secretaría de Educación de Guerrero un contrato de adjudicación directa por 18 millones de pesos para obras de reparación y mantenimiento de escuelas.
El gobernador ha sido, desde que asumió el cargo, impulsor del proyecto hidroeléctrico La Parota, que desplazaría a través de la construcción de una enorme presa, a más de 25 mil campesinos y afectaría a otros 75 mil. En agosto de 2005, la Comisión Federal de Electricidad, aliada con la estructura priísta de la CNC convoca a una asamblea agraria para aprobar el proyecto hidroeléctrico. Un enorme movimiento opositor, integrado desde 2003 en el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (CECOP) se moviliza en protesta y para votar en contra en dicha asamblea. Más de 700 policías preventivos del Estado, de la investigadora ministerial, de la ecológica, de bomberos, y protección civil se movilizan para impedir la entrada de los opositores a la Asamblea. Instalan tres retenes para registrar a los opositores y detenerlos. Las policías dejan transitar a los camiones que trasladan campesinos de la CNC hacia la asamblea para aprobar el proyecto. Instalan vallas que dejan a más de 300 metros de distancia a los opositores de la asamblea. Los campesinos opositores llegan gritando consignas como “La tierra se ama y se defiende”. La policía comienza a arrojar gases lacrimógenos para dispersarlos. La acción enfurece a los opositores que se repliegan pero vuelven a intentar acceder a la zona de la asamblea. Los policías responden con pedradas y gases lacrimógenos. “Los opositores fueron rodeados por Policías Preventivos que sin más, empezaron a golpear y replegar a los opositores”. Apenas dos semanas antes, unos 500 policías estatales y municipales golpearon con toletes y sillas y lanzaron gases lacrimógenos a campesinos opositores a la presa La Parota, que llegaron a impedir la asamblea de los Bienes Comunales de Cacahuatepec convocada para analizar la anuencia para la expropiación de sus terrenos. La historia se repite en noviembre de ese año, en una comunidad llamada “Dos arroyos” en un violento operativo que provoca dos enfrentamientos entre las policías y los opositores dejando numerosos lesionados. En septiembre de ese año, el propio gobernador Zeferino Torreblanca encabeza una marcha a favor del proyecto. La división comunitaria que ha provocado la iniciativa de construcción de la presa ha dejado ya un saldo de cuatro muertos, todos opositores al proyecto. El movimiento opositor acusa de traidor al gobernador, pide su destitución. Numerosas organizaciones del estado, del país y del mundo se solidarizan con el movimiento opositor.
Entrevistado por el Diario El Sur, el gobernador perredista afirmó que durante la campaña a la presidencia “Me reuní con diversos (empresarios) y hoy lo puedo decir a posteriori, con el propósito de convencer de la visión y la importancia que tenía el proyecto de Andrés Manuel López Obrador”.
Andrés Manuel López Obrador declaró sobre el propio gobernador: “es un hombre auténtico, tiene su estilo de gobernar, pero lo más importante es que es un hombre honrado”.
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