Por: Eugenio Fernández Vázquez / Pie de Página.
Las prioridades reales no se ven en los discursos
sino en las leyes y, sobre todo, en los presupuestos; por eso se
había dicho que las prioridades reales del presidente Andrés Manuel
López Obrador se verían en el proyecto
de Presupuesto de
Egresos de la
Federación para
2020 (PEF), el primero en ser plenamente elaborado por su
administración. El proyecto de PEF se presentó por fin, y lo que
muestra para el sector ambiental es que no sólo no es una prioridad,
sino que está casi al fondo de la lista, y que la aplicación de la
ley no es relevante para este gobierno. Si este rubro ya había
sufrido un recorte del 20 por ciento en términos reales entre 2018 y
2019, para 2020 le espera un recorte adicional del cuatro por ciento.
Hoy, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)
y las dependencias a su cargo tienen un presupuesto equivalente a la
tercera parte del que tenían hace cinco años.
La
gravedad de la situación puede verse con claridad al analizar el
presupuesto de la Comisión Nacional Forestal, que tiene hoy menos
presupuesto en términos reales que cuando fue establecida, en 2001.
Lo mismo ocurre con la Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas, que tiene hoy menos presupuesto que en 2005, a pesar de
que la superficie a su cargo ha aumentado enormemente, y de que ya
desde entonces era patente para todos que el dinero que le había
sido asignado era francamente insuficiente para cumplir su mandato.
El
proyecto de PEF presentado supone, además, un enorme riesgo para el
medio ambiente y para la salud de todos los mexicanos. En un momento
en que se están planteando proyectos energéticos de gran calado, la
dependencia encargada de que ese sector cumpla la ley, la Agencia de
Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), verá su presupuesto recortado
en un 18 por ciento. Por lo que se ve, aquello de que nadie estaría
por encima de la ley no vale para las leyes ambientales.
Estos
recortes se suman al hecho de que el sector ambiental sufrió
especialmente con la decisión presidencial de eliminar las plazas
eventuales, y abonan a la política neoliberal de debilitar la
capacidad del Estado para operar. Hasta 2018, no se permitía que las
dependencias del sector ambiental consolidaran una estructura
operativa sólida, de forma que tuvieron que recurrir a la
contratación de trabajadores eventuales para poder trabajar. Esa
política no sólo se mantuvo en esta administración, sino que se
agravó, pues no sólo no se han autorizado plazas de estructura,
sino que también se ordenó prescindir de esos trabajadores
precarios que se habían contratado. El resultado es que hay plazas
contempladas en los reglamentos internos que no pueden llenarse, lo
que hace inoperantes a las dependencias.
Por
otra parte, el proyecto de PEF indica que la presencia de Víctor M.
Toledo al frente de Semarnat no ha supuesto un cambio en la dirección
del sector ni en la relación del Estado con el medio ambiente, ni
siquiera en la superficie. Sin ir más lejos, apenas en julio el
secretario Toledo dijo de uno de los pueblos que desaparecerán si se
construye la presa El Zapotillo que “el
acto más irracional que se podría registrar sería que este pueblo
desapareciera”. Como para
ponerlo en evidencia, el
proyecto de PEF que se presentó incluye esa presa como un proyecto
estratégico de la
administración.
Ante
esta situación se hace más urgente que nunca transformar la
estructura interna de la Secretaría y de las dependencias a su
cargo. El presupuesto con el que cuentan hoy, aunque muy precario,
podría ser más o menos suficiente para sostener una estructura que
reformara la regulación ambiental en su conjunto para hacerla más
robusta y menos contradictoria y que la aplicara a cabalidad, aunque
ello implicara renunciar a repartir subsidios que en muchas ocasiones
han resultado contraproducentes. También alcanzaría para construir
un aparato público de fomento a la producción y de construcción de
capacidades para aprovechar los recursos naturales sin agotarlos y
para hacer que cumplir la ley fuera más fácil y violarla más
costoso. Para ello, haría falta construir un verdadero servicio
profesional de carrera y comprometerse con el fortalecimiento del
Estado.
Por desgracia, pareciera que la presente administración no está
dispuesta a asumir ese compromiso. El riesgo para todos es enorme.
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