++ Informe de Amnistía Internacional ++
1. Introducción y resumen
El día 4 de mayo fui detenida por la mañana. (…) Me tiraron al suelo e igualmente me golpearon, con patadas, con puñetazos, con los toletes y las macanas. Me jalaban el cabello, me pisotearon, después me levantaron y entre empujones y golpes me subieron boca abajo en una camioneta de la policía.(…) Al subirme al camión (autobús) me di cuenta que adentro de este estaban golpeando a todos, a mi entre golpes, insultos y empujones me comenzaron a manosear, primero los glúteos, luego a frotarme encima del pantalón, me tocaban los senos y luego metieron sus manos debajo rompiéndome el sostén y causándome gran irritación en los pezones.(…)No podíamos movernos, si nos movíamos nos golpeaban. Hemos pedido hacer las denuncias, pero no nos han hecho caso.(1)
Al menos 211 personas fueron detenidas los días 3 y 4 de mayo del 2006 en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco, en el Estado de México, (2) como resultado de un operativo policial en respuesta a las protestas de activistas de una organización campesina de la zona. Entre las personas detenidas hubo cuarenta y siete mujeres.
Según informes, durante las protestas, varios manifestantes se enfrentaron de forma violenta a los cuerpos policiales del Estado de México. Durante los enfrentamientos varios policías resultaron lesionados y manifestantes retuvieron a varios agentes, al menos cuatro de los cuales fueron llevados a San Salvador Atenco. En tales circunstancias las fuerzas de seguridad pública tienen el deber de garantizar el orden y proteger la integridad de los policías y transeúntes. Sin embargo, la forma en la que al parecer tuvieron lugar la mayoría de las detenciones –tanto de hombres como de mujeres- puso de relieve serias violaciones de los derechos humanos, incluyendo la tortura y el maltrato, y el uso excesivo de la fuerza por parte de los policías. Además, dos jóvenes, uno de ellos menor, fallecieron a consecuencia de los disturbios sin que hasta la fecha se hayan esclarecido las circunstancias de las muertes.
En el caso de las mujeres, varias de ellas han denunciado ante las autoridades y ante organismos nacionales e internacionales de derechos humanos haber sido objeto de violencia física, psicológica y sexual por parte de los policías del Estado de México que las detuvieron, sobre todo durante su traslado al penal en varios vehículos.
El gobierno mexicano ha ratificado instrumentos internacionales de derechos humanos que reconocen el derecho de las mujeres a una vida sin violencia y la obligación de prevenir y sancionar todas las formas de violencia hacia las mujeres. Una de las responsabilidades inmediatas del Estado es prevenir y sancionar la violencia cometida por sus agentes. Este informe pone de manifiesto cómo las autoridades mexicanas siguen sin tomar medidas efectivas para garantizar que estos abusos no queden impunes.
Una delegación de Amnistía Internacional visitó el Estado de México el pasado junio y se entrevistó con varias de las personas que fueron detenidas el 3 y el 4 de mayo, organizaciones de derechos humanos y autoridades mexicanas. Este informe recoge las experiencias de las mujeres, con especial atención a las denuncias de abusos de carácter sexual, así como la falta de investigaciones efectivas e imparciales para garantizar que los presuntos responsables comparezcan ante la justicia. La identidad real de las mujeres permanece protegida.
© Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustin Pro Juarez", reunión de la comunidad en San Salvador Atenco después de los eventos de Mayo, exigiendo la liberación de los detenidos.
Operativo policial: tortura y uso excesivo de la fuerza en las detenciones
El 3 de mayo 2006, aproximadamente a las 07:00, unos 200 agentes de la policía municipal y de
En las horas que siguieron, los campesinos -algunos de ellos, según informes, con machetes, palos y piedras- se enfrentaron a los policías. Posteriormente, hubo nuevos enfrentamientos cuando varios centenares de campesinos bloquearon la carretera que une los municipios de Texcoco y Lechería. Algunos manifestantes apresaron a doce policías municipales, de los cuales al menos cuatro permanecieron retenidos hasta el día siguiente en un auditorio en San Salvador Atenco. Un policía fue, según informes, obligado a bajar del vehículo en el que se encontraba y fue fuertemente golpeado por algunos manifestantes. Para ese entonces, cientos de policías de seguridad del Estado de México se habían añadido al operativo practicando numerosas detenciones en respuesta a los actos violentos. Varios testigos han señalado que los policías hicieron un uso generalizado de gases lacrimógenos, amenazaron a manifestantes con armas de fuego y patearon y golpearon con toletes a las personas ya sometidas.
El operativo policial se intensificó la madrugada del 4 de mayo cuando unos dos mil policías de
Muertes durante el operativo todavía sin esclarecer
Los enfrentamientos del 3 de mayo se saldaron con la muerte de Francisco Javier Cortés Santiago, de 14 años, como resultado de un impacto de bala. Hasta la fecha no se ha esclarecido la forma en que ocurrió su fallecimiento ni identificado a los responsables. Otro joven de 19 años, Alexis Benhumea Hernández, fue gravemente herido en la cabeza, al parecer, por un proyectil de gas lacrimógeno disparado por la policía el día 4 en San Salvador Atenco. Falleció el 7 de junio en un hospital de
Tortura como "vía" de control y represalia policial hacia las personas detenidas
Según los testimonios recogidos por Amnistía Internacional, tanto el 3 como el 4 de mayo, la mayoría de las personas detenidas fueron trasladadas al penal estatal de Santiaguito en varios vehículos de la policía y autobuses. Fue durante este periodo cuando tuvieron lugar graves violaciones de derechos humanos a los detenidos por parte de los policías de seguridad estatal que los custodiaban, en lo que parecería haber sido un acto de represalia por su posible vinculación con la organización campesina, considerada por las autoridades del Estado de México como un grupo subversivo. La mayoría de los detenidos coinciden en señalar que los policías les obligaron a permanecer apilados en el suelo de los vehículos uno encima de otro por varias horas provocando sensaciones de asfixia a la vez que eran pisoteados por los agentes. Los golpes, insultos y las amenazas de muerte se repitieron en contra de las personas detenidas en varios de los vehículos en los que viajaban. Varias mujeres denunciaron haber sido objeto de violencia sexual durante el trayecto. La mayoría de las personas detenidas permaneció con la cara cubierta mientras duraron los abusos dificultando la identificación de los presuntos agresores.
Investigaciones deficientes
Durante los dos días que duró el operativo fueron detenidas 211 personas. Hasta la fecha, siete mujeres y 21 hombres continúan detenidos acusados del delito de secuestro equiparado el cual según el código penal del Estado de México es un delito grave y no alcanza fianza. Otras 115 personas salieron en libertad bajo fianza y están sujetas a proceso. El resto fueron liberados sin cargos. Entre los detenidos hubo cinco extranjeros(4), quienes los días posteriores a la detención fueron trasladados a las oficinas del Instituto Nacional de Migración en el Distrito Federal y luego expulsados del país.
De los más de 2 mil agentes estatales que participaron en el operativo, 9 de ellos enfrentan una sanción administrativa por tolerar la violencia. Por otra parte,
Amnistía Internacional condena toda violencia dirigida a los policías y reconoce la obligación de las autoridades de actuar ante actos de violencia, incluyendo la retención de miembros de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, su actuación debe enmarcarse dentro de los principios de proporcionalidad y estricta necesidad del uso de la fuerza y armas recogidos en los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el Empleo de
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