Oaxaca: el fin de la tolerancia.

Colabor@cción involuntaria de La Jornada.

Luis Hernández Navarro

Oaxaca en 2006 como Sonora en 1902. A comienzos del siglo XX el gobierno de Porfirio Díaz enfrentó la enésima rebelión de los yaquis deportando a los indios prisioneros a Yucatán, Jalisco, Tlaxcala y Veracruz. A comienzos del siglo XXI, la administración de Vicente Fox responde a la sublevación oaxaqueña enviando a los 141 detenidos insumisos al penal de San José del Rincón en Nayarit.

Vicente Fox termina su sexenio con las manos llenas de sangre. "Se acabó la tolerancia" en Oaxaca, dice el general Ardelio Vargas, jefe del Estado Mayor de la Policía Federal Preventiva (PFP), uno de los héroes, junto con el almirante Wilfrido Robledo, de la represión de Atenco. Sus perros están en la calle. Lanzan lacrimógenos, golpean con lujo de violencia, detienen sin órdenes de aprehensión, invaden viviendas sin autorización, destrozan propiedades, ocupan hospitales y clínicas, impiden el libre tránsito de las personas, ofenden sexualmente a las mujeres.

En las calles los jóvenes son detenidos indiscriminadamente por el mero delito de ser jóvenes. Los presos son maltratados, torturados y confinados con reos comunes. No se permite que sus defensores jurídicos y familiares los visiten. Y, como en el porfiriato, son deportados.

Pero los abusos contra la población civil de la PFP no se limitan a los que sus integrantes cometen directamente. Ellos actúan como resguardo de los sicarios al servicio de Ulises Ruiz. Estos pistoleros y policías vestidos de civil recorren la ciudad de Oaxaca en vehículos desde los que disparan y secuestran integrantes de la APPO. Son los convoyes de la muerte. La mayoría de los 20 homicidios perpetrados contra activistas han sido responsabilidad suya.

¿Por qué esta represión contra el movimiento popular de Oaxaca? ¿Por qué ahora? ¿Qué sucedió que agotó la "tolerancia" de las autoridades federales? Básicamente por una razón: a menos de una semana de tomar posesión como jefe del Ejecutivo, en medio de una gran crisis de legitimidad, Felipe Calderón exigió a Vicente Fox que, en vista de que no le había solucionado el conflicto, lo dejara en condiciones de debilidad tales que le garantizara una futura negociación en condiciones favorables. Con presos y perseguidos, supone, el arreglo con los insumisos será más fácil y barato. Reclamó y obtuvo que sea la administración saliente y no la entrante la que pague el precio y el descrédito de la represión. En suma: que le limpiara el camino. De paso, consiguió con una acción de distracción, desalentar la presencia masiva de un contingente oaxaqueño en las jornadas del próximo primero de diciembre para evitar su toma de posesión.

La presencia masiva de la PFP en Oaxaca desde el pasado 29 de octubre no impidió que las protestas contra Ulises Ruiz se mantuvieran vivas en la entidad. No desarticuló la organización popular ni frenó la revuelta. Al contrario, la APPO realizó exitosamente su congreso y reafirmó su unidad interna.

Sin embargo, a pesar de enfrentamientos como el del 2 de noviembre, el conflicto se encontraba relativamente contenido. No se había restablecido la ingobernabilidad ni la normalidad en la vida cotidiana en la entidad, pero existían puentes de comunicación informales entre el gobierno federal y la dirección de la APPO. Era, pues, un conflicto relativamente administrado. Ese estatus resultaba, sin embargo, inconveniente para el gobierno entrante y decidió romperlo.

¿Realizó el movimiento popular alguna acción que rompiera este equilibrio? No, definitivamente no. La manifestación del pasado sábado fue absolutamente pacífica. Fue, evidentemente, una demostración de fuerza, pero se trató de una acción no violenta. La decisión de atacar provino, como se ha documentado ampliamente, de la PFP. Fueron elementos de esta corporación los que lanzaron canicas con resorteras a los manifestantes y luego lacrimógenos y proyectiles. Fueron ellos quienes comenzaron la agresión.

¿Perdieron los mandos de la PFP el control sobre su tropa? Muy probablemente así sucedió en un comienzo. Pero, más adelante, la orden fue atacar. Y lo hicieron con saña y con rencor. Fueron a machacar a los manifestantes, a cobrarse una venganza. La represión fue salvaje: tres muertos, más de 100 heridos, 221 detenidos.

Y con ellos, protegidos por ellos, actuaron los sicarios y los policías vestidos de civil al servicio de Ulises Ruiz. Dispararon y secuestraron a ciudadanos indefensos. Agredieron a quienes en la estación de autobuses ADO esperaban su transporte. Se dedicaron a lo que han hecho durante los últimos meses: sembrar terror.

Simultáneamente, Radio Ciudadana, conocida popularmente como "Radio Patito", la estación pirata de los seguidores del gobierno estatal llamó a prender fuego a la casa de algunos destacados dirigentes del movimiento popular. No era broma. El domingo 26 de noviembre las oficinas de Flavio Sosa, uno de los más conocidos voceros de la APPO, fueron incendiadas. Por supuesto, ni la PFP ni la policía estatal lo evitaron.

"Esto se está normalizando", dijo Ulises Ruiz en una más de sus involuntarias bromas. "No habrá perdón", advirtió. Como candidato a gobernador del estado, Ulises se presentó como un "hombre de unidad". Hoy sabemos que en aquel entonces le faltaron tres letras: Ruiz es el político de la "impunidad".

La violenta represión en Oaxaca es el broche de oro con el que Vicente Fox cierra su sexenio, pero es, también, la tarjeta de presentación de Felipe Calderón. Sin reconocerlo, han decretado en los hechos un Estado de sitio. Las garantías individuales han desaparecido en la entidad.

Sin embargo, la medida no va a solucionar nada. Quienes la ejecutan olvidan dos pequeños detalles. Primero, la enorme capacidad de resistencia del pueblo oaxaqueño. Segundo, que lo que realmente han hecho al reprimir así es esparcir el rencor, la indignación y deseo de venganza ciudadanos a muchos más puntos de la geografía nacional. La tolerancia, entiéndase bien, se agotó también del otro lado.