8 de octubre de 2006

OAXACA :: los saldos.

La Jornada Morelos, 8 de octubre de 2006.

Fernando Coronel Landa

Oaxaca podría ser el conflicto que marque definitivamente al gobierno de Vicente Fox ahora que está a punto de despedirse. Y es que las salidas que a estas alturas quedan para intentar resolver el problema conllevan, todas ellas, considerables pérdidas y daños que pudieron haberse evitado si se hubiese actuado a tiempo. Por lo pronto, se perciben tres caminos:
1. Que la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) acepte la última oferta formulada por el secretario de Gobernación, Carlos Abascal: el cese de los secretarios de Gobierno, de Seguridad Pública y del procurador estatal a cambio de la entrega “simbólica de la ciudad”. Esta sería la salida que produciría los menores costos para los actores involucrados, aunque de ninguna manera tendría el carácter de definitiva. Aun así se aprecia difícil, mas no imposible, que se logre este camino pues la APPO no ha cedido un solo paso en su demanda de exigir la cabeza del gobernador Ulises Ruiz; condición que han calificado de “no negociable”.
2. La salida del gobernador del estado. En este escenario se da por descontado que la APPO no cede en ninguna de sus posiciones. El costo principal lo asumiría quizá el gobierno calderonista, pues al igual que sucedió con el conflicto de Atenco, podría generarse de aquí un precedente y constituirse en un “modelo” a seguir en otros estados en donde se padecen demandas similares, produciendo un efecto dominó que podría llegar a ser incontenible, sobre todo si se mezcla con incapacidad política para gobernar. Es decir, le tomarían una vez más la medida a los gobiernos panistas, a menos que Felipe Calderón asuma una actitud en extremo distinta a la de Fox respecto de la forma en que enfrentará este tipo de asuntos.
3. Que, igualmente, la APPO no ceda y se tome la medida extrema de desactivar el movimiento usando la fuerza pública. El principal problema aquí sería de legitimidad, además del profundo desgaste que esta decisión conllevaría pues se ejecutaría una acción que, de haberse instrumentado antes (cuando el conflicto aún no se había radicalizado) hubiera producido menores costos. Debe recordarse que la solución al conflicto estuvo entrampada, primero, por las campañas electorales. De manera particular, el gobierno federal no quiso entrarle al asunto por el fuerte costo político que podía padecer el candidato oficial, además de que hacerlo ofrecía a sus adversarios, sobre todo al PRD, una oportunidad para ser capitalizado electoralmente. En efecto, Vicente Fox pudo haber propiciado desde entonces la instalación de una mesa para el diálogo y la gobernabilidad e incluso evitar con ello cualquier tentación de usar la fuerza. Pero después de la elección el gobierno tampoco hizo nada, en este caso debido de una evidente falta de pericia y sensibilidad para leer la gravedad del conflicto.
Debe subrayarse que cualquiera de estas salidas puede tomarse incluso mañana mismo, pues la situación se encuentra desde hace varias semanas en el límite. Efectivamente, el golpeteo mutuo y los agravios se dejaron correr a tal grado que lo que hoy persiste en la capital de Oaxaca es un franco estado de sitio. Por lo pronto ya hubo una víctima más, un maestro que pertenece a la disidencia de este movimiento, y lo peor es que pueden incrementarse si no se produce una medida inmediata y contundente.
Pero en el mapa del conflicto no pueden soslayarse los errores cometidos también por Ulises Ruiz. El desalojo frustrado que intentó instrumentar el gobernador (el 14 de junio) sólo logró polarizar más las posiciones y fortalecer a los adversarios. Fue ese el punto a partir del cual el problema, que tenía un cariz fundamentalmente magisterial, adquirió una dimensión política mucho mayor pues se sumaron a su causa otras agrupaciones más que tenían, de tiempo atrás, resabios y reclamos acumulados en contra del gobierno local, incluyendo por supuesto las cuentas que el mandatario estatal tenía con Gabino Cué (candidato opositor a Ruiz) a quien quiso encarcelar, sin olvidar la represión desplegada en contra del periódico local Noticias.
Fue éste también el momento –el del intento de desalojo– en que empezó a manejarse la versión de que la lucha magisterial había sido infiltrada ya por la guerrilla lo que, más allá de la veracidad del rumor, incrementó los niveles de incertidumbre en la entidad.
De esta forma, los líderes magisteriales con los que tenía que negociarse para desactivar el problema dejaron de ser interlocutores únicos; su capacidad de influencia y decisión había sido claramente rebasada. El conflicto adquirió así múltiples caras y anudó aún más las vías de solución.
Hoy, lo que se tiene es un menú cuyas opciones, todas, contienen una enorme dosis de emergencia y desesperación pues se tiene que apagar cuanto antes el fuego que ha producido en el pueblo de Oaxaca enormes pérdidas. Ahí está como ejemplo el fuerte desaliento que ha tenido la actividad turística en la entidad, que ha llegado incluso a una situación de crisis, además del alarmante desempleo que ello está propiciando. O el éxodo de pobladores e inversionistas que lamentablemente ha comenzado a darse. O, por si fuera poco, el cúmulo de heridas y rencores políticos, que difícilmente sanarán en el corto plazo, y que hacen sumamente complicado imaginar la convivencia a futuro. Surge así una pregunta: ¿Realmente podrá gobernar Ulises Ruiz si se toma la decisión de que se mantenga en el cargo?
Por eso, sobra razón a quienes advierten que cualquier medida que en adelante se tome, como aquella que podría incluso producirse mañana lunes si en efecto los representantes de la APPO dan luz verde a la propuesta de Abascal, no representará una solución definitiva al conflicto. Decisión que por cierto coincidiría con el arribo de la APPO a la ciudad de México.
La intransigencia de todas las partes ha llegado a su límite. Urge ahora sí una solución o las consecuencias serán todavía más lamentables para los oaxaqueños y para el país.

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