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A un año del desalojo de Nueva
Esperanza, Guatemala, organizaciones presentarán informe el lunes 27 de agosto,
en las instalaciones del Centro Prodh. Hoy se presenta en Guatemala. Graves y
continuas violaciones a los derechos humanos de las familias, que viven en
precario campamento en la línea fronteriza.
23 de agosto de 2012.- Graves y
continuadas violaciones a derechos humanos cometidas por los gobiernos de
Guatemala y México han puesto en riesgo la vida y atentan contra las familias
guatemaltecas de Nueva Esperanza, documenta la Misión Civil de Observación,
integrada por diversas organizaciones* de la sociedad civil mexicana, en un
informe realizado al cumplirse un año del violento desalojo por parte del gobierno
guatemalteco.
Desplazadas de Guatemala, refugiadas de
facto en México y expulsadas nuevamente por autoridades mexicanas en grave y
clara violación al derecho internacional humanitario, las familias de Nueva
Esperanza se mantienen en la línea fronteriza en un precario campamento y condiciones
críticas que, a lo largo de un año, se han deteriorado gravemente.
Violaciones al derecho a la vida, a la
seguridad jurídica, a la salud, a la educación, a la vivienda, y a la
asistencia humanitaria y agravios a población particularmente vulnerable como
la infancia y mujeres embarazadas son documentadas en el informe “Los
Invisibles de la Frontera Olvidada”, que concluye con un llamado urgente y exigencias
a los gobiernos de México y Guatemala.
Las exigencias hechas al gobierno
mexicano durante el año pasado para asistir humanitariamente a las familias
desplazadas ocasionaron que en enero de 2012, el gobierno de México, realizara
una acción violenta para desentenderse de sus obligaciones, vulnerando diversos
derechos y poniendo en riesgo la vida y la integridad física y emocional, particularmente
de la infancia. Estos hechos permanecen impunes.
Autoridades mexicanas llegaron al grado
de incurrir en actos crueles para repatriar a las familias desplazadas, pues
los agentes que participaron en la expulsión detuvieron a niñas y niños para
lograr así que se entregaran sus padres. El informe recoge testimonios que dan
cuenta del engaño y los abusos de agentes de migración y otras autoridades que
participaron en la engañosa “repatriación”.
Un año después del desalojo no se han
comprobado ni sostenido acusaciones de vínculos con el narcotráfico o de
afectación de la reserva con las que autoridades guatemaltecas intentaron
incriminar a las y los pobladores de Nueva Esperanza, lo que confirma el temor expresado
por la Misión Civil de Observación de que fuese una estrategia para
criminalizar a las y los desplazados y justificar el desalojo.
Las familias de Nueva Esperanza se
nombran a sí mismas “Campamento Campesino en Resistencia Nueva Esperanza” y
explicaron a la Misión el porqué de dicho nombre: “hemos resistido los engaños
de los gobiernos, sus incumplimientos, las condiciones climáticas”. La Misión
considera criminales los incumplimientos de los gobiernos, que incluso han ocasionado
ya el fallecimiento de una pequeña niña del campamento en abril pasado.
La Misión expresa su extrema
preocupación por la táctica dilatoria con la que el gobierno anterior y el
entrante de Guatemala han tratado a las y los desplazados, multiplicando
reuniones e incumpliendo continuamente acuerdos sobre una posible reubicación,
lo que retrasa la solución del conflicto y mantiene a las familias de Nueva
Esperanza en condiciones críticas.
La Misión hace notar que, en casos de
desalojo, tal como lo establecen los Principios sobre la Restitución de las
Viviendas y el Patrimonio de los Refugiados y Personas Desplazadas y los
Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de la ONU, siempre ha de
privilegiarse el retorno de los pobladores a sus tierras y sólo cuando éste no
sea posible debe plantearse una reubicación y, en todos los casos, la reparación
del daño.
El presente informe “Los Invisibles de
la Frontera Olvidada” es una actualización del capítulo sobre desplazados del
informe de la primera Misión Civil en octubre de 2011 y que abordaba también la
situación de migrantes y defensores en Tenosique.
El 3 de agosto pasado, la Misión realizó
una nueva visita al campamento que se mantiene en la frontera para actualizar
el capítulo sobre Nueva Esperanza. Integrantes de las organizaciones que conformamos
la Misión recogimos testimonios, mantuvimos una amplia y detallada asamblea con
las familias, recorrimos el campamento actual así como el área de la cual
fueron desalojados hace un año, donde todavía son visibles las huellas de la
destrucción.
Asimismo, se realizó una visita a San
Benito, Guatemala, donde fueron albergadas y permanecen en condiciones críticas
algunas de las familias que fueron repatriadas por autoridades mexicanas en
enero pasado.
Hoy, 23 de agosto, al cumplirse un año
del desalojo, integrantes de la Misión Civil de Observación se encuentran en el
campamento en Resistencia Nueva Esperanza y en San Benito, Guatemala,
presentando el informe a las familias desalojadas y expulsadas, mientras 10
personas de Nueva Esperanza que recibieron previamente el informe están entregándolo
en la Casa Presidencial de Guatemala.
El informe concluye con un llamado
urgente a los gobiernos de Guatemala y México, instándolos a ambos a atender la
emergencia y brindar asistencia humanitaria. Al de Guatemala, además, a
resolver de manera permanente la situación y, al de México, a evitar la
impunidad en las violaciones cometidas contra esta población desplazada.
El informe se presentará en la ciudad de
México el próximo lunes 27 de agosto, en las oficinas del Centro de Derechos
Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), a las 11 de la mañana.
Atentamente
La 72, Hogar Refugio para Personas
Migrantes, de Tenosique, Tabasco; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz),
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh); Centro de
Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Comité de Derechos Humanos Fray
Pedro Lorenzo de la Nada, Comité de Derechos Humanos de Tabasco (Codehutab), Escuela
de Agricultura Ecológica U Yiits Ka’an, Equipo Indignación, Red Nacional de
Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los derechos para todas y
todos" integrada por 71 organizaciones en 21 estados de la República
Mexicana
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